La democracia como escudo

La democracia es el mejor sistema de go­bierno. Es tan bue­no, que hasta los co­rruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.

Nicaragua y Venezuela re­saltan este concepto. Los regí­menes de Daniel Ortega y Ni­colás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pe­se a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, repri­men manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con vio­lencia extrema, dosifican ali­mentos e incentivan el éxodo.

Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez, que arrancó en 1999. Se vie­nen aferrando al poder me­diante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervi­sión. Más que asumirse gobier­no para administrar los bienes de todos, siempre se arroga­ron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equi­librio de poderes y a las mino­rías.

Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los setenta, Ortega y Madu­ro ya serían pasado. En aque­llas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electora­les. Ahora, los resortes demo­cráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y auto­ritarios son más respetuosos y complejos. La democracia re­clama métodos prolijos y trans­parentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.

Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elec­ciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. Mien­tras tanto, ganan tiempo prome­tiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dicta­dores siguen desviando la aten­ción, pese a saber que la comuni­dad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo estableci­do por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autori­tarios como el de Ortega.

A las sanciones económicas e inmigratorias que impusie­ron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de al­to rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos para exigir a Nicaragua elecciones antici­padas y el cese de la violencia, que contabiliza más de 350 ase­sinatos a manos de paramilita­res y francotiradores proguber­namentales.

Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia ca­tólica de Nicaragua que pi­dieron que Ortega se some­ta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.

Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas des­comprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene to­do para seguir apoltronado en el poder.

Los resortes democráticos son insuficientes ante situacio­nes extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamien­to total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y efi­ciente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un des­gaste de largo aliento que pro­fundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sir­ve de espejo.