¿Quién espía a los periodistas de América Latina?

La revista Semana reveló reciente­mente un escán­dalo de espiona­je del Ejército de Colombia a periodistas na­cionales y extranjeros, ade­más de a políticos y defen­sores de derechos humanos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Pe­riodistas (CPJ) y otras orga­nizaciones nacionales e in­ternacionales condenaron enfáticamente estas prácti­cas e instaron al Gobierno de Iván Duque a investigar y castigar a los responsables.

Los escándalos de espio­naje se repiten cíclicamen­te en Colombia, comenta a DW la coordinadora del pro­grama del CPJ para Améri­ca Central y del Sur, Natalie Southwick. Las investiga­ciones terminan con el des­pido de unos pocos “res­ponsables” y el problema se arraiga. “Falta transparencia en la investigación y asun­ción de responsabilidades” por parte del Estado, denun­cia Souhtwick.

“Además de violar el derecho inalienable a la privacidad garan­tizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas”, insistió hace unos días el presidente de la SIP, el jamaiquino Christopher Barnes. Y este no es un peligro ni nuevo ni colombiano. Ha sido una “práctica sin fin” en Améri­ca Latina y el Caribe, escribe José Meléndez, corresponsal en Costa Rica del diario mexicano El Uni­versal.

¿Quiénes y cómo espían a los periodistas en Améri­ca Latina? “El espionaje o la vigilan­cia sobre o contra los perio­distas siempre ha existido, sin distinción de ideologías ni de épocas, al menos en las últimas cinco décadas, las de mayor monitoreo de la li­bertad de prensa en América Latina”, coincide el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti. Y enumera dictaduras militares de derecha: Argen­tina, Chile, Paraguay, Uru­guay, Brasil. O de izquierda: Nicaragua, Cuba. Así como Gobiernos de cualquier sig­no político en Guatemala, Venezuela (antes y después de Hugo Chávez) y Eduador (antes o después del caso de Julian Assange).

Los sistemas de vigilancia son parte de la estrategia del Estado para vigilar y perse­guir “excepcionalmente” a ciudadanos vinculados con el crimen organizado o el te­rrorismo, con el requisito de una orden emitida por “un poder judicial independien­te, genuino, legítimo”. Pero incurren en prácticas ilega­les cuando abusan de esos límites y usan los mismos mecanismos, junto a tecno­logías eficientes y de muy bajo costo, para vigilar y per­seguir a la oposición, activis­tas de derechos humanos, abogados de determinados casos y periodistas, advierte Trotti.

Además del caso colom­biano, los expertos de la SIP y la CPJ destacan el de Méxi­co, donde periodistas, de­fensores de derechos huma­nos, activistas y opositores políticos han denunciado la vigilancia sistemática del Gobierno de Peña Nieto, sus antecesores y posiblemente también del actual de López Obrador, a través del soft­ware maligno Pegasus.

Hay, adicionalmente, otros Gobiernos de la región como el de Honduras, Gua­temala o Panamá, con equi­pos y contratos firmados pa­ra el acceso a herramientas de vigilancia parecidas, así como otros con intención de sumarse a esta tenden­cia, añade la coordinado­ra regional del CPJ, Natalie Southwick. Y ha habido tam­bién ataques cibernéticos a periodistas o medios de co­municación, como los ocu­rridos recientemente en El Salvador contra “La Pren­sa Gráfica” y “El Diario de Hoy”.

El espionaje contra los pe­riodistas, advierte el direc­tor de la SIP, no solo está dirigido a conocer sus fuen­tes, sino que tiene como fin último la persecución físi­ca: “actuar, en consecuen­cia, en contra del periodis­ta y de sus fuentes”. Algunos Gobiernos, además, “tratan de hacer saber que están vi­gilando, para que los perio­distas y sus fuentes se sien­tan más vulnerables”, agrega Trotti en alusión a lo que lla­ma “el juego detrás de la vi­gilancia”.

Y esto ocurre no solo en países con regímenes autori­tarios, como a veces se tien­de a pensar, sino también en democracia: “en aquellos países donde hay mayor es­fuerzo de los periodistas por investigar, por ejemplo, la corrupción del propio Esta­do”, dice el experto de la SIP. Se trata, en definitiva, de “imponer la censura y faci­litar la autocensura, de fun­cionar como una herramien­ta de intimidación y silenciar a los periodistas”, resume la experta de la CPJ.

Así que la lista incluye no solo a la dupla de Vladimi­ro Montesinos y Alberto Fu­jimori en Perú; sino también al Gobierno de Cristina Fer­nández en Argentina. O a un país tan bien considerado por su respeto a la libertad de expresión como Costa Ri­ca, con varios expresidentes condenados por corrupción, y un relativamente recien­te escándalo de espionaje al Diario Extra, denunciado por Reporteros sin Fronteras en 2014.

¿Cómo se protege a los pe­riodistas latinoamericanos? En América Latina, existen sistemas de vigilancia en to­dos los países. Pero no todos tienen estricta legislación o administración que especifi­que que esas prácticas deben ceñirse al marco estableci­do por el Sistema Interame­ricano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), en el marco de la Organiza­ción de Estados Americanos (OEA), que resalta la impor­tancia del control de un po­der judicial independiente.

Y esto está “atado a la de­bilidad de las instituciones judiciales y al autoritarismo del poder Ejecutivo” en la re­gión: cuanto más ideológi­camente dependientes sean las primeras y más fuerte el segundo, “más grande es la puerta para los abusos”, ad­vierte Trotti, y vuelve a citar los ejemplos de Cuba, Nica­ragua y Venezuela.

Tanto la SIP, como el CPJ, RSF o cualquier otra organi­zación gremial o defensora de derechos humanos a nivel nacional, regional o interna­cional, se centran en “crear una cultura de la denuncia a través de los sistemas na­cionales, interamericanos o mundiales de defensa de de­rechos humanos”. Solo así, a través de instancias como la Comisión y la Corte Inte­ramericana de Derechos Hu­manos, se pueden corrobo­rar las violaciones y llamar la atención de los Gobiernos sobre el tema, explica Trotti.

“Todo Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamen­tales, entre ellos, el dere­cho a la libertad de prensa y de expresión”, recuerda Southwick, desde el CPJ. Colombia, México, Ecua­dor, Paraguay, Honduras y, con menos desarrollo, Guatemala, son algunos de los países de la región que cuentan con sistemas ofi­ciales de protección a pe­riodistas contra amenazas y agresiones físicas y asesina­tos. Han sido implementados por los propios Gobiernos por la presión de estas organiza­ciones internacionales.