DENUNCIA
Fiscalía interroga empresario denunció presuntas irregularidades en Inaipi
La Fiscalía del Distrito Nacional sometió a interrogatorio al empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, quien hizo la denuncia de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Atención Integra a la Primera Infancia (INAIPI).
La fiscal Rosalba Ramos, acompañada de un equipo de fiscales, cuestiona al empresario Cabrera en torno a su denuncia de presuntas irregularidades cometidas en el Inaipi durante el actual período de cuarentena para la adquisición de kits de alimentos.
A su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el empresario Cabrera acompañado de su abogado dijo que en dos folder lleva las pruebas de su denuncia en el programa “Esta Noche Mariasela” en el sentido de que Inaipi favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500 pesos.
Mientras que para la próxima semana fueron convocados los miembros del comité de compra de la institución, quienes fueron destituidos por el Poder Ejecutivo, cuya titular Berlinesa Franco, renunció al cargo y en su lugar fue designada como directora Kenia Lora Abreu.
Los ex funcionarios del Inapi que fueron destruidos y que serán interrogados la próxima semana son Juan López, subdirector general de Gestión Institucional, Ramona Beatríz Hernández, directora Administrativa y Financiera, Alberto José Patxot Duarte, director de Planificación y Desarrollo, Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones.
Igualmente, Maira Martínez de la Rosa, encargada de compras y contrataciones, Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico y Clementina de Jesús Pieter Santana, responsable de acceso a la Información Pública.
El apoderamiento fue hecho por el Procurador General de la República, quien ordenó realizar una exhaustiva investigación del proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, a fin de determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal.
La destitución de los funcionarios del Inaipi se produce luego de una investigación dirigida por una comisión de alto nivel, que determinó que un proceso de licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos estuvo plagado de irregularidades.