PRIMER MES BAJO ATAQUE DEL CORONAVIRUS
La crisis sanitaria impacta labores judiciales en el país
Suspensión de las audiencias de los tribunales, excepto las de coerción, notificación de recursos contenciosos vía secretaría y mediante acto notarial, y la suspensión de plazos en los procesos constitucionales, han sido algunas de las medidas adoptadas por las tres Altas Cortes para contribuir a frenar la expansión del coronavirus en el país, después de que el presidente Danilo Medina decretó, primero un estado de emergencia, y luego, un toque de queda.
La Procuraduría General también dispuso una serie de medidas, principalmente la restricción de visitas a los privados de libertad, para evitar el contagio en los recintos carcelarios.
Similar actitud asumió el Defensor del Pueblo, que decidió cerrar las oficinas, para evitar la aglomeración de personas, y así prevenir la expansión del coronavirus, ya que el personal está concentrado en un solo local sin divisiones de paredes entre departamentos.
Acatando las medidas adoptadas por el gobierno, tanto el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Procuraduría General de la República, y el Defensor del Pueblo, enviaron a sus casas, desde la declaratoria de estado de emergencia, a los mayores de 60 años y a empleados que padecían de problemas de salud que los hace vulnerables al Covid-19.
Expedientes electorales
Ante la suspensión del trabajo de los alguaciles por parte del Consejo del Poder Judicial, que son los encargados de comunicar los actos, el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió que se hagan vía secretaría general, y mediante notario, las notificaciones y citaciones de los recursos y demandas concernientes a las elecciones municipales extraordinarias del pasado 15 de marzo y a las de los niveles presidencial y congresual del próximo 17 de mayo.
Dispuso, además, que los 111 expedientes que ha recibido a partir del 18 de marzo serán conocidos en cámara de consejo, es decir, de forma administrativa. El TSE señaló que se encuentra en ese proceso de notificación, pues ha señalado que no puede suspender sus labores debido a que está en marcha el proceso electoral. Además, suspendió los servicios de rectificaciones de actas del estado civil.
Audiencias
En el ámbito de la justicia ordinaria, el Consejo del Poder Judicial suspendió las labores administrativas y jurisdiccionales en los tribunales, y junto con ello los plazos procesales, registrales y administrativos para todos los organismos dependientes hasta tres días hábiles después de haber cesado el estado de emergencia. Solo se mantendrán en funcionamiento, las oficinas de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, pero se dispuso que celebren audiencias virtuales para conocer medidas de coerción.
Aplazó las audiencias de juramentación de abogados y anunció la puesta en marcha de medidas de protección y prevención que buscan mitigar el riesgo de circulación del virus.
Ordenó la limpieza con frecuencia, a los fines de garantizar la correcta higiene de las áreas, objetos y superficies de uso constante. Implementó una matriz de mitigación de riesgo para monitorear la evolución de casos y adecuar las medidas de prevención a la realidad del mismo en el país. También desarrolló una campaña de comunicación interna para jueces, juezas y servidores judiciales a los fines de educar y crear conciencia preventiva sobre la higiene personal, acorde a los lineamientos de los organismos de salud locales e internacionales.
Cómputo de plazos
A través de la resolución TC- 0002/20, emitida el 20 de marzo, el Tribunal Constitucional suspendió el cómputo de los plazos para la realización de cualesquiera actuaciones procesales de personas, partes en proceso o con vocación de serlo ante esa Alta Corte, hasta que dure el estado de emergencia declarado hasta el 3 de abril. Dispuso que el cómputo de los plazos se reanudará 3 días hábiles después de haber cesado el estado de emergencia.
“El ejercicio del cumplimiento de plazos procesales requiere, por un lado, el traslado de personas a tribunales y domicilios procesales de partes en proceso o con vocación de serlo, y por otro lado, el contacto cercano de personas, lo cual puede contribuir a la propagación del coronavirus, lo cual no es consistente con el estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo”, justificó el TC.
Medidas preventivas
El Defensor del Pueblo, órgano responsable de salvaguardar los derechos fundamentales, también adoptó medidas con su personal.
RECINTOS
CASOS Para internos.
La Procuraduría General de la República anunció que viene preparando, construyendo y equipando diez recintos penitenciarios regionales, con espacios para alojar a internos que pudieran resultar afectados por la enfermedad.