Coronavirus: Irracionalidad política y crísis económica
La expansión del coronavirus fuera de las fronteras de China ha desatado un pandemonio en los mercados financieros del mundo y amenaza con provocar una recesión global. Occidente confronta un doble choque negativo: por un lado, la caída de la demanda de la economía china y de otras economías importantes afectadas por la pandemia, como los EEUU, tiran hacia abajo su crecimiento. Por otro lado, la volatilidad de los mercados de valores amplifica la contracción económica al amenazar con una interrupción de los flujos de capitales, algo esencial para la estabilidad de sus economías altamente financiarizadas.
A todo esto se le ha sumado la onda desestabilizadora generada por la caída brutal del precio del petróleo debido a que Rusia y Arabia Saudita no se pusieron de acuerdo sobre un corte de su producción. Como medida preventiva los EEU se abocan a implementar un fuerte estímulo fiscal. La Reserva Federal por su parte, se propone inyectar liquidez, ha bajado la tasa de interés de política casi a cero y planea retomar la Expansión Cuantitativa (QE en inglés).
Esta catástrofe global ha sorprendido la República Dominicana en un estado de fragilidad económica y turbulencia política. En efecto, de acuerdo a la información provista por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la economía vio su crecimiento ralentizado el pasado 2019 cuando este alcanzó 5.1%, significativamente inferior al 7.0% logrado en 2018. En julio del 2018 el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) rondaba el 8% y la Tendencia-Ciclo (TC) 7.5%. Niveles como estos no volvieron a ser alcanzados en todo el 2019 y para enero del 2020 el IMAE se situó en 4.7%, inferior a enero del 2018 (7%) y enero del 2019 (6%).
Estos resultados no son explicados solo por la caída del sector turismo debido a la campaña negativa que se orquesto contra él, ya que El BCRD implementó desde mediados del 2019 una política monetaria fuertemente expansiva llamada a contrarrestar este choque negativo y a restablecer el anterior nivel de crecimiento: la tasa de política monetaria fue disminuida en 100 puntos básico y más de RD$34,00 millones fueron liberados del encaje legal contribuyendo a una expansión del crédito privado mayor a RD$128,000 millones al cierre del 2019. Lo preocupante es que, a pesar de este estímulo tan significativo, la desaceleración del crecimiento fuese tan grande, ya que a él debemos agregar el estimulo que en principio debió aportar el enorme endeudamiento incurrido por el gobierno de Danilo Medina. Este resultado, que determinó las condiciones existentes al momento de la pandemia, es injustificable a la luz de los masivos estímulos monetario y fiscal que se implementaron, y su existencia apunta a un manejo económico muy deficiente, ya que en el período de análisis el país disfrutó del beneficio de una expansión prolongada y robusta de la economía norteamericana y de tasas de interés a niveles históricamente bajos.
LO POLlTICO EN SU LABERINTO
Las consecuencias sociales de esta administración ineficiente de la economía son inescapables a la luz de hechos estilizados que la caracterizan. Debido a rasgos estructurales aún vigentes de nuestro modelo económico, estudios de expertos estimaron que para el 2014 necesitábamos crecer por encima del 5.5% para generar una reducción de 1% en la tasa de desempleo y a un 6% para reducir la pobreza en 1%. Es casi seguro que esas tasas de crecimiento requeridas para bajar el desempleo y la pobreza son mayores en 2020. Ese es un sesgo propio del capitalismo dominicano. Un crecimiento de solo 5.1%, como el obtenido en el 2019 implicó un estancamiento en la generación de empleos dignos (con aumento de la informalidad) y una expansión de la pobreza.
La caída del precio del petróleo y el natural aumento del precio del oro (que suele acompañar momentos de expectativas negativas en la economía mundial) representan eventos positivos para nuestra economía. Sin embargo, ellos no compensan los grandes riesgos que amenazan al país, con el agravante de que no es posible predecir por cuánto tiempo se prologará la crisis ni que tan profunda puede llegar a ser. Por un lado, la caída en la llegada de turistas habrá de ser substancial debido al cierre de las fronteras y la suspensión de los vuelos. La desaceleración del crecimiento en Europa y los EEUU golpeará nuestras exportaciones y la inversión externa directa se verá naturalmente mermada en un clima global de incertidumbre como el actual.
Para economías tan abiertas como la nuestra, en circunstancias como la actual se agiganta la importancia de haber llevado a cabo las reformas llamadas a generar protección adecuada frente a las turbulencias del resto del mundo. Paradójicamente, las decisiones del gobierno de Danilo Medina en esta materia han obrado en sentido contrario: han debilitado la capacidad del país para enfrentar una crisis como la que se nos viene encima. Dos reformas consignadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo eran de particular importancia: El Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. Ambas reformas hubiesen generado el espacio fiscal que urgentemente necesitaba el estado y en consecuencia hubiesen reducido significativamente el requerimiento de endeudamiento para financiar el presupuesto público. De haberse acometido ambas reformas por parte del gobierno desde su primer período iniciado en 2012, la capacidad de nuestra economía para enfrentar las adversidades que nos amenazan hubiese sido muy superior.
Sin embargo, por razones estrictamente políticas, Danilo Medina ignoró las reformas que establecía la ley (la Estrategia Nacional de Desarrollo) y aconsejaban instituciones como el Fondo Monetario Internacional. La atención del gobierno se focalizó en propiciar la reelección en el 2016 y reformar de nuevo la constitución para repetir lo mismo el 2020. Esta agenda política requería del apoyo duro del gran empresariado, cuyos intereses inevitablemente habrían de ser afectados de una u otra forma si las reformas se hubiesen implementado, por lo cual el gobierno decidió “dejar eso así”, dar prioridad a su agenda política y recurrir a un endeudamiento galopante. Este último pudo haber sido muy inferior al realizado si la racionalidad económica se hubiese impuesto a la irracionalidad política. Quizás no tenemos en nuestra historia reciente un ejemplo más nítido de cómo la agenda política de un gobierno acaba generando reales consecuencias económicas funestas para el país.
LAS RAZONES DE LA ECONOMlA
Si, como muchos pronostican, la economía global se contrae de manera significativa, a la caída del crecimiento que ya veníamos experimentando se le unirán las consecuencias de este choque externo. Como es sabido, nuestro socio económico principal son los EEUU. Según estimaciones del BCRD, un descenso del crecimiento de este país de 1% genera una reducción de nuestro PBI de 1.5%, una contracción de las remesas de 1.8% y una disminución de las exportaciones de 2.8%.
La crisis en lo esencial se manifestará como una fuerte caída de la demanda efectiva que habrá de traducirse en un severo incremento del desempleo, una perdida apreciable del ingreso disponible y un choque negativo enorme a nuestras cuentas externas. A lo interno, la primera línea de defensa la constituyen iniciativas fiscales contra-cíclicas tanto por el lado de expansión del gasto como por el lado de reducción y/o posposición temporal de impuestos. El problema que enfrentarán estas iniciativas fiscales es que, como dijimos más arriba, el espacio fiscal disponible para el gobierno es reducido debido a no haber implementado las reformas requeridas. Lo cual implica necesariamente una expansión importante del déficit y del endeudamiento para cubrirlo, pero este último se realizaría en condiciones diferentes a las que ha disfrutado el país hasta ahora.
Aunque las tasas de interés caigan en los EEUU y Europa, ello no se aplicará a nosotros. Con inestabilidad política, un endeudamiento reciente masivo, caída de las exportaciones y una baja notable del turismo y las remesas, nuestro riesgo país se disparará (ya pasó de 400 el 3 de marzo a 815 el 18 de marzo) y tendremos que endeudarnos a tasas que cuestionarán la sostenibilidad de nuestro stock de deuda dada la incertidumbre sobre el horizonte temporal de nuestra recuperación y sobre la magnitud de la reducción de la entrada de divisas. Esto nos obliga a no descartar la posibilidad de un acuerdo con el FMI a fin de acceder a recursos bajo mejores condiciones en los mercados y quizás a un préstamo del Fondo mismo factible de ser usado para apoyo presupuestal, tal como ocurrió en la crisis financiera global del 2008.
El Banco Central ha tomado una nueva ronda de medidas conducentes a expandir el crédito y mejorar las condiciones bajo las cuales los empresarios pueden acceder a él. Estos son pasos positivos, pero no impactan la inmediatez del malestar económico de la población. Las autoridades monetarias deben tratar como algo de extrema urgencia para el bienestar de la clase media y de miles de empleados del sector formal, la reducción de los intereses y la atenuación de las condiciones de pago de las deudas acumuladas en tarjetas de crédito, de lo contrario los bancos corren el riesgo de un masivo cese de pagos de los tarjetahabientes, con repercusiones notables en sus balances, mientras la economía enfrentaría dificultades para sostener una demanda que se debilita.
Pero el reto más difícil que plantea la crisis económica que se nos viene encima es como asistir los asalariados del país cuyas labores se realizan en el sector informal de la economía, los cuales constituyen cerca del 58% de toda la mano de obra ocupada de la nación. Por un lado, la mayoría de estos trabajadores subsisten realizando labores que tienen que ser suspendidas mientras persista la epidemia en el país, y por el otro lado, la informalidad de sus actividades complica la posibilidad de recibir alguna asistencia por el estado.
*El autor es economista y representó la República Dominicana en el FMI