Los fallos pendientes del TC no se limitan al transfuguismo

Cuatro meses es el plazo máximo que concede la Ley 137-11 al Tribunal Constitucional para decidir una acción directa de inconstitucionalidad, a partir del momento en que la deja en estado de fallo en una audiencia pública.

Pero cuando el expediente ha sido declarado de urgencia, como ha ocurrido con todas las impugnaciones a la ley electoral y la de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el plazo es menor, porque se abrevia. El reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional establece que cuando el expediente se declara de urgencia será asignado de manera aleatoria a una de las comisiones operativas o al presidente, que deberán presentar el proyecto de sentencia al Pleno en el más breve plazo posible.

Sentencias legítimas

Empero, para adoptar una decisión, la ley impone que debe contar con el voto favorable de 9 de los 13 jueces que integran esa corte, lo cual en ocasiones suele ser el motivo de la demora en emitir el fallo, según ha trascendido.

En el Tribunal Constitucional no solo están pendientes los fallos de acciones de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley Electoral y la Ley de Partidos que prohíben el transfuguismo de candidaturas, sino también otras que impugnan importantes aspectos de esas leyes y cuya decisión impactará en las elecciones del 2020.

Algunas fueron dejadas en estado de fallo desde julio del 2019 y otras, las más recientes, el pasado lunes 4.

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo el lunes, al final de una audiencia pública, que ese órgano está haciendo todo lo posible para decidir oportunamente todos los expedientes que conciernen a las leyes electoral y de partidos políticos, en aras de contribuir con las celebración de las elecciones municipales del próximo domingo y las presidenciales y legislativas del 17 de mayo.

ADVERTENCIA

Ray Guevara

El presidente del Tribunal Constitucional advirtió que el tribunal no puede violentar su propia legalidad, sino que debe respetar el procedimiento que establece su ley orgánica, 137- 11, tras recordar que la aprobación de las leyes 15-19 y 33-18 tardó más de 17 años en el Congreso Nacional, por lo que considera que no se le puede atribuir al Tribunal Constitucional la demora.