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Código no permite penas aleccionadoras

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Wanda MéndezSanto Domingo, RD

El asesinato en Santiago de la niña Yaneisy Rodríguez, de 4 años, hecho en el cual está implicado un adolescente de 16 años, ha puesto sobre el debate las ínfimas penas que contempla la ley para los delitos en que incurran los menores de edad, incluyendo crímenes, por lo cual algunos sectores del área jurídica han planteado su revisión para que sean aumentadas.

Estos reclamos surgen seis años después de que en República Dominicana fueron modificados varios artículos del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), incluyendo los que contemplan las condenas, aumentando a ocho años la pena máxima a imponer, que antes era de cinco.

Esto significa que la mayor condena a imponer al menor implicado en el asesinato de la niña en Santiago es de ocho años de prisión en un centro especializado, frente a la pena máxima de hasta 30 años que enfrenta el adulto que también está acusado.

En la legislación se contempla que la privación de libertad definitiva en un centro especializado es una medida excepcional que sólo podrá ser aplicada cuando la persona adolescente fuere declarada responsable, por sentencia irrevocable, de la comisión de homicidio, lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, robo agravado, secuestro, venta y distribución de drogas y otras infracciones que sean sancionadas con penas de reclusión mayor de 4 años.

La Ley 106-13, que modificó el Código del Menor, establece que la privación de libertad de manera definitiva será de 1 a 5 años para los adolescentes entre 13 y 15 años, y de 1 a 8 años para los adolescentes entre 16 y 18. De manera provisional, como medida de coerción, la prisión solo puede tener una duración máxima de 4 meses.

Ley 136-03. Ayer la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso la modificación de la Ley 136- 03, a fin de aumentar a 30 años de prisión las sanciones penales a menores de edad, por la comisión de hechos de terrible gravedad que ocasionen alarma, conmoción y consternación social.

Mientras, el abogado Amadeo Peralta considera que el código debe ser revisado y adecuado a la realidad dominicana, porque contempla penas muy benignas y favorables a menores que andan delinquiendo.

Percibe que eso incentiva la delincuencia porque no hay un régimen de consecuencias. Planteó también que se deben establecer más responsabilidades a los padres por sus negligencias.