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La República lunes, 16 de diciembre de 2019

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

PRM pide a la Junta que funcionarios no participen en campaña ni programas de televisión

  • PRM pide a la Junta que funcionarios no participen en campaña ni programas de televisión

    Foto: José Alberto Maldonado. 

Javier Flores
Santo Domingo, RD

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este lunes en la Junta Central Electoral (JCE) una solicitud de revisión de la resolución 33-19 que regula la participación de funcionarios públicos en las campañas electorales.

"En el día de hoy reiteramos nuestra posición como partido para que la Junta haga algo con lo que es una mera violación de la ley electoral. El Presidente de la República no deja de ser presidente cuando asiste con toda la parafernalia del poder para apoyar al candidato de su partido", expresó Tony Raful, dirigente del PRM, quien agregó que depositaron la instancia porque aún no han obtenido una respuesta contundente de parte de la JCE.

El delegado político de ese partido de la Orlando Jorge Mera, explicó que la instancia también solicitó la ampliación de dicha resolución con 12 nuevas prohibiciones.

Entre ellas está la prohibición de altos funcionarios en programas de televisión.

"Tales son los casos de personas como el ministro de Turismo, Francisco Javier Garcia y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, quienes son voceros oficiales del candidato oficialista", puntualizó Jorge Mera.

Dentro de las prohibiciones que el PRM solicita añadir destacan que se impida que se reciban donaciones directa o indirectamente de empresas relacionadas con el Estado; presionar a particulares y subalternos para que participen en una campaña de un candidato, entre otras 10 prohibiciones.

Hace dos semanas, el pleno de la JCE dispuso que los funcionarios públicos pueden participar en actividades proselitistas electorales siempre y cuando sea fuera del horario laboral dispuesto por el ministerio de Administración Pública.

La resolución número 33-2019 señala que los funcionarios públicos que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del Estado no podrán disponer de dichos recursos o bienes en provecho de ningún candidato.

La disposición además da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Electoral, con la prohibición durante los 40 días anteriores a las elecciones municipales de inauguraciones oficiales, así como de 60 días antes de los comicios presidenciales y congresionales, pautados para mayo.