Vicepresidente Finjus demanda estrategias contra el crimen organizado y el poder económico de éste

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia ( Finjus) propone al Gobierno aplicar estrategias eficaces para enfrentar el crimen organizado y el poder económico ilícito que se genera de éste y la impunidad que puede alcanzar entre sus actores.

Servio Tulio Castaños Guzmán emitió sus declaraciones en un comunicado, a pronóstico de la captura en Colombia del narcotraficante César Emilio Peralta, César el Abusador, en el que insta a buscar solución a este ilícito negocio que genera cuantiosas utilidades que permite a las redes criminales y de corrupción lograr riquezas exorbitantes, aumentando así su capacidad de alcanzar el poder político y/o permear el aparato gubernamental buscando garantizarse impunidad.

A continuación texto íntegro de Servio Tulio Castaños Guzmán

“En ocasión a los últimos acontecimientos ligados al crimen organizado”

El auge de la criminalidad organizada y la significativa afectación que acarrean sus diversas manifestaciones en el seno de la sociedad conmina a que, desde el Estado y de manera intencional, se tracen estrategias eficaces para enfrentar este flagelo, especialmente lo que respecta a la problemática que se presenta paralela a la persecución delictual: esto es el poder económico construido a partir de la ilicitud.

A propósito de los recientes sucesos vinculados a la captura internacional de uno de los presuntos narcotraficantes de mayor influencia en la región en los últimos años, vuelve a quedar en evidencia la necesidad de contar en el derecho interno con una Ley de Extinción de Dominio, con un mecanismo efectivo que se oriente a contrarrestar el poder económico de las organizaciones criminales golpeando sus recursos financieros a fin de debilitarlas de forma progresiva hasta su inoperancia.

Ciertamente el ejercicio de actividades ilícitas genera cuantiosas utilidades que permite a las redes criminales y de corrupción lograr riquezas exorbitantes, aumentando así su capacidad de alcanzar el poder político y/o permear el aparato gubernamental buscando garantizarse impunidad. Esto, además de ir en desmedro del ciudadano común, quien no se beneficia de las mismas ventajas que de esa manera se consiguen, perjudica los principios que fundamentan el mercado económico pues se recurre a la inversión de las ganancias ilícitas en la economía formal creando una competencia desigual con aquellos que operan bajo el respeto a las reglas de derecho desincentivando la actividad económica en general.

La importancia de establecer un procedimiento jurisdiccional, a manera de política criminal, como el que configura la acción de extinción de dominio, el cual se enfoca exclusivamente en la persecución de los bienes obtenidos de manera ilícita, radica en que es un instrumento esencial para la desarticulación de organizaciones y redes criminales pues afecta de manera frontal de estos recursos, deteniendo los efectos que genera el flujo de los mismos en la sociedad.