Colegio Abogados califica reprochable fiscal suspendida validara acuerdo de feminicidas
Miguel Surun, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Foto: Archivo Listín Diario.
El presidente del Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD), catalogó de reprochable que la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, se prestara a validar acuerdos para permitir que psicópatas, amparados en documentos falsos, logren su puesta en libertad para luego cometer femenicidios.
En ese sentido, Miguel Surun Hernández respaldó la decisión de la Procuraduría General de la República de solicitar prisión preventiva en contra de la fiscal suspendida, detenida por aprobar acuerdos para liberar a los femenicidas de las señoras Aníbal González y Juana Domínguez, crímenes perpetrados en esa provincia.
El profesional del derecho dijo que apoya cualquier acción legal emprendida por el Ministerio Público, para perseguir a cualquier funcionario del tren judicial que en el desempeño de sus funciones viole normas procesales.
"Es un deber de este gremio de apoyar las autoridades del Ministerio Público en su accionar en contra de todos aquellos que sea violatorio a la Ley, principalmente aquella que tienen a perseguir a cualquier funcionario que viole las normas procesales en el desempeño de sus funciones", acotó el jurista.
Se recuerda que en contra de la fiscal suspendida el Ministerio Público pide prisión preventiva en contra de la imputada, acusada de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicadas en falsificación y en actos de corrupción.
Hernández es investigada por presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien luego de obtener su libertad tras la firma de un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel González, y luego se suicidó, el pasado mes de agosto.
Por tratarse de un acuerdo similar, también aprobado mediante autorización judicial por un juez, hace varias semanas, la Inspectoría General del Ministerio Público inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad a Johan Manuel Ramírez, mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca en hecho ocurrido en San Pedro de Macorís.