Imponen coerción a 5 colombianos por red de trata de personas para venta de enciclopedias

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medida de coerción contra cuatro colombianos y un colombiano- estadounidense, vinculados a la trata de personas con fines de trabajo forzoso a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades.

Ninguno de los imputados guardará prisión, sino que se le dictó presentación periódica y uno de ellos deberá usar un grillete.

El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, obtuvo medidas de coerción en contra de los colombianos Alejandro Gacham Ilal, Rosemary Pion Taylor, Milagros de Jesús Torrenegra, Mary Cecilia Miguel y Camilo Miguel, “quienes se presume integraban una red criminal que según han establecido las investigaciones operaba desde 1998 en el país y que fue desmantelada gracias a los esfuerzos que realiza actualmente el Ministerio Público dominicano para la efectiva persecución y combate del crimen organizado”.

En el caso de Alejandro Gacham Ilal, de 60 años de edad, el tribunal le impuso la colocación de grilletes y brazaletes electrónicos, el pago de una garantía económica de RD$100 mil en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país con retención de su pasaporte.

Contra Rosemary Pion Taylor, de 65 años de edad y Milagros de Jesús Torrenegra de 50 años, una garantía económica en efectivo de RD$200 mil, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y presentación periódica.

Igualmente, les fueron impuestas medidas de coerción a Mary Cecilia Miguel de 70 años de edad, consistente en una garantía económica de RD$200 mil en efectivo, arresto domiciliario e igualmente impedimento de salida del país con retención de su pasaporte, así como al colombiano estadounidense Camilo Miguel de 81 años, al cual tomando en cuenta su edad, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$20 mil en efectivo y presentación periódica.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que le atribuye al grupo dedicarse a la trata de personas agravada con fines de trabajo forzado, delito tipificado y sancionado por las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 7 literales c y d de la Ley No. 137-03 que sanciona el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Detalló que por este caso también es perseguido Juan Carlos Adán, quien se presume que también forma parte de la red que fue desmantelada luego de una labor de inteligencia, durante una operación ejecutada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y con la colaboración del Departamento Contra el Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional.