La autoincriminación de un diputado sobre escuchas telefónicas

El diputado Manuel Díaz se autoincriminó al afirmar ayer que ha pagado para interceptar llamadas telefónicas a personas porque es una práctica normal en la República Dominicana.

Díaz dijo que los periodistas se están alarmando “porque quieren”, ya que las escuchas telefónicas ilegales son de puro comercio en el país.

Además aseguró que todos los dirigentes políticos tienen estos servicios, al igual que muchas personalidades dominicanas.

“Yo mismo lo he hecho, he mandado intervenir teléfonos pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza como yo les dije. Ustedes saben todo eso, no se hagan tanta bulla”, dijo a los periodistas en el Congreso Nacional.

Agregó que ese tipo de prácticas ilegales se utiliza para vender información.

“Es un negocio eso. Se busca para legalizar ante la justicia un sometimiento. Pero nosotros sabemos, porque hasta yo mismo lo he hecho”, dijo ante reporteros.

El pasado jueves se hizo pública la intervención telefónica de los diputados Rubén Maldonado y Henry Merán, quienes conversaban sobre la situación del personal administrativo en la Cámara de Diputados y la posibilidad de que les cancelarían por haber formado tienda aparte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los diputados se quejaron de vulneración a su derecho a la intimidad y se declararon como perseguidos políticos del gobierno de Danilo Medina.

Maldonado y Merán son diputados que siguen al expresidente Leonel Fernández. Ambos renunciaron al PLD, que gobierna desde el año 2004.

Ahora trabajan en la formación del partido político “La Fuerza del Pueblo”, con el que pretenden presentar al exmandatario dominicano a las elecciones de 2020.

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, ha negado que esa institución tenga vinculación alguna con la grabación de la llamada telefónica entre los diputados.

Mientras que el diputado José Laluz escribió en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público debe iniciar una investigación para determinar quiénes intervinieron las conversaciones privadas de los dos congresistas, “si es que quieren preservar la precaria institucionalidad del país”.

Interceptaciones. Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos 17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018, solo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.