A la justicia exfiscal y los agentes implicados en caso Villa Vásquez
Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República en rueda de prensa. JORGE CRUZ/LISTÍN DIARIO
La imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, solicitó el Ministerio Público para la exfiscalizadora de Villa Vásquez, Carmen Lisset Núñez Peña, y cuatro agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que están acusados de irregularidades en un allanamiento realizado el 2 de agosto, en una barbería en ese municipio, donde se les atribuye colocar drogas.
La exfiscalizadora y los agentes de la DNCD están acusados de violación de los artículos 38, 42, 44 y 69 de la Constitución, que contemplan los derechos fundamentales de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar las disposiciones del Código Penal que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores. El procurador Jean Alain Rodríguez informó ayer, en una rueda de prensa, la detención de la exfiscalizadora, del mayor de la Policía Nacional, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas; el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente.
Medida de coerción Señaló que por el caso tanto el Ministerio Público como la Policía persiguen a Carlos Daniel Estévez alias “Mendañito”, a quien pidieron que se entregue por las vías correspondientes.
La medida de coerción será conocida por el Juzgado de la Instrucción de Monte Cristi.
Jean Rodríguez dijo que cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que los acusados presuntamente planificaron y ejecutaron la colocación de drogas en ese establecimiento.
Expresó que espera que el Juzgado de la Instrucción de Monte Cristi acoja su pedimento y le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, por ser la medida cautelar más idónea a imponer en este caso por existir evidentemente el peligro de fuga.
Indicó que la aplicación de la ley es igual para todos, sin importar a que institución pertenezcan, ni la posición que ocupen, ni su condición económica.
El hecho ocurrió el 2 de agosto en Villa Vásquez.