PN apresa a 20 personas durante paro en provincias del Cibao
Varias provincias fueron ocupadas por tropas mixtas. ONELIO DOMINGUEZ/LD
Al menos 20 personas fueron detenidas ayer en medio de un paro regional de 24 horas que convocó en las 14 provincias del Cibao el Colectivo de Organizaciones Populares y Cívicas, en demanda de varias reivindicaciones.
Ayer se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en el sector Ciruelitos y el municipio de Licey Al Medio, en Santiago.
El dirigente comunitario, Juan Comprés, dijo que en Licey Al Medio, al menos 14 personas fueron detenidas por la Policía.
Ese municipio, igual que Navarrete, fueron ocupados ayer por tropas mixtas del Ejército y la Policía Nacional. También el patrullaje policial fue notorio en Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís, donde muchos comerciantes permanecieron con sus puertas cerradas y el tránsito y el transporte eran escasos. En Santiago, muchos comercios abrieron sus puertas, pero con muy poca clientela y muchas rutas del transporte público se mantenían circulando pero con poca demanda de pasajeros.
En Dajabón el paro no fue acatado, mientras en Mao, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y La Vega, muchos establecimientos también abrieron pero con pocos clientes, y se veían escasas personas en las calles.
El coordinador del Frente de Lucha Unidad y Progreso y de la Coalición de Organizaciones Populares, que convocaron a las protestas, Osvaldo Brito, definió de exitosa la jornada de ayer.
Otro paro hoy Mientras que en Santo Domingo, en los sectores La Ciénega y Los Guandules, organizaciones y representantes de esas comunidades anunciaron para hoy un paro comercial en demanda de un diálogo con la Unidad para el Reordenamiento de La Barquita y Entorno (URBE) por los desalojos irregulares.
DIÁLOGO CON URBE Manifestaciones David Arbona, miembro de Ciudad Alternativa y Susana Consuegra, del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), afirmaron que las indemnizaciones ofrecidas por la URBE a las familias afectadas no son justas y señalaron que el Gobierno tampoco les ha dado seguimiento.