Someten resolución que busca declarar la energía renovable prioridad nacional
Los senadores de las diez provincias de la región Sur introdujeron un proyecto de resolución solicitando al presidente Danilo Medina declarar esa parte del país de alta prioridad nacional para la inversión y el desarrollo de energía renovable.
Tras la introducción del proyecto en la sesión del miércoles pasado, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dispuso que la pieza sea remitida a estudio de la Comisión Permanente de Energía de ese organismo legislativo.
Según los legisladores proponentes, “la República Dominicana registra un interesante e importante proceso de construcción de un Marco Regulatorio e Institucional propicio para el desarrollo de la energía renovable”.
Ese marco regulatorio incluye incentivos financieros orientados a la atracción de inversión privada nacional y extranjera, además de los compromisos internacionales asumidos para reducir las emisiones de C02 provenientes de combustibles fósiles.
“La región Sur del país requiere, para su crecimiento y desarrollo sostenible, más altos grados de inversiones públicas y privadas”, plantean los senadores Rafael Calderón, de Azua; Dionis Sánchez, de Pedernales; Edis Mateo Vásquez, de Barahona; Félix Bautista, de San Juan; Manuel Antonio Paula, de Bahoruco; Juan Olando Mercedes, de Independencia; Wilton Guerrero, de Peravia; Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña; Tommy Galán, de San Cristóbal, y Pedro José Alegría, de San José de Ocoa; proponentes de la petición al presidente Medina.
Los senadores sureños citan que su región cuenta con abundantes recursos solares y eólicos que son constantes durante todo el año, así como con un gran potencial para el desarrollo de pequeñas y medianas hidroeléctricas que aún no han sido construidas.
Agregan que las emergías renovables ofrecen condiciones especiales que estimulan la inversión privada y favorecen grados de competitividad más efectivos, así como un sistema de planificación que reduce sustancialmente los niveles de importación y especulación en los mercados que frecuentemente se derivan de la dependencia del petróleo como materia prima fundamental.
En uno de los considerandos del proyecto de resolución se explica que el servicio de energía eléctrica de la República Dominicana depende en gran medida de las importaciones de combustibles fósiles, cuyo monto se calcula en aproximadamente unos cinco billones de dólares anuales, lo que representa cerca del siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el noventa por ciento de su principal fuente de energía.