Tribunal ordena a la Policía reintegración de exsargento

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Policía Nacional reintegrar a un exsargento mayor, al determinar que fue destituido mediante telefonema de la oficina del director general, en violación al principio de legalidad y a las garantías del debido proceso contemplados en la Carta Magna.

Mediante la sentencia 170/19, el TC mandó a la PN que reponga al oficial Elvin Mejía Martínez en el rango que ostentaba en el momento de su separación, con todas las calidades, atributos y derechos adquiridos. Impuso a la Policía el pago de un astreinte de RD$2,000 por cada día de retardo en la ejecución de la decisión. Le otorgó un plazo de 30 días para que ejecute el mandato, contados a partir de la notificación de la sentencia.

El TC revocó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que rechazó una acción de amparo interpuesta por el exoficial. En tanto, acogió la acción presentada en contra de la PN y del Ministerio de Interior y Policía.

Mejía Martínez fue separado de la PN a raíz de una investigación realizada tras supuestamente haber sido captado mediante imágenes fotográficas y video el momento en que realizaban un operativo de chequeo vehicular debajo del puente peatonal, en el sector Los Frailes II, en la marginal de Las Américas, y donde se observa cuando el conductor de un vehículo le entrega dinero a uno de los miembros de la Policía que realiza el operativo y porque presuntamente había incurrido en once faltas disciplinarias.

El TC señala que en el interrogatorio sometido, el exoficial no admitió haber recibido dádivas, como expuso la Policía Nacional.

Además, estableció que la Policía Nacional no depositó pruebas de la existencia de las faltas disciplinarias en la que justificó la destitución, lo cual consideró se traduce en imponer una sanción por un hecho distinto a la falta por la cual fue sometido al proceso de investigación.

El 7 de junio. El Tribunal Constitucional ordenó a la Policía Nacional reintegrar al exteniente coronel José de Oleo Herrera y al mayor Juan Valera Felipe, quienes fueron puestos en retiro forzoso, con pensión, en el 2017, tras ser acusados por dos “buzos” de la sustracción de una valija con 1.5 millones de pesos.