CASO ODEBRECHT
El juicio de fondo tomaría casi un mes para llegar al Pleno de la Suprema
Los seis implicados en el caso de los sobornos de Odebrect, enviados ayer a juicio de fondo, tienen un plazo de cinco días para acudir por ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y señalar allí el domicilio donde quieren les sean notificadas las actuaciones.
Así lo estableció el juez de la Instrucción Especial de la Suprema, Francisco Ortega Polanco, en el dispositivo de la sentencia que envió a juicio de fondo a seis de los de los imputados, de catorce que fueron involucrados al principio por el Ministerio Público cuando inició la investigación.
En juicio de fondo deberán responder Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Ángel Rondón, identificado como el enlace entre la compañía y los supuestos sobornados; Conrado Pittaluga, quien fungía como abogado; Tommy Galán, senador por el Partido de la Liberación Dominicana; Andrés Bautista García, exsenador por el Partido Revolucionario Dominicano, y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
En caso de que los imputados decidan recurrir en apelación la decisión del juez Ortega Polanco, por inconformidad, este paso también deberá ser conocido por los jueces de la Segunda Sala Penal.
“Este tribunal intima a todas las partes en el proceso a comparecer, dentro del plazo común de cinco, a partir de la notificación de la presente decisión, ante el tribunal de juicio para, señalar el lugar donde les serán notificadas las actuaciones que correspondan”, establece el juez en su decisión, que consta de 1051 páginas.
Asimismo, el tribunal ratificó las medidas de coerción dispuestas con anterioridad por el juzgado de la Instrucción con respecto a los seis imputados, así como las medidas de inmovilización de fondos establecidas mediante resoluciones.
Igualmente, el juez ordenó la inscripción de hipoteca judicial sobre los bienes inmuebles personales registrados a nombre de los encartados, según la relación, descripción e individualización.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger, de manera parcial en la forma y en el fondo, el escrito de acusación presentada por el Ministerio Público el 7 de junio de 2018, contra los implicados de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
La norma procesal penal establece, en su artículo 303, que el juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena.
Principios. En caso de que los imputados o el Ministerio Público decidan recurrir la sentencia, la audiencia sería fijada dentro de 20 días.
Evaluación. El Ministerio Público evalúa si recurre en apelación la decisión que ha favorecido a ‘Chu’ Vásquez, dentro del plazo permitido.