El encierro abre las puertas al crimen organizado

Uno de los mayores problemas que han tenido las autoridades dominicanas en los últimos años son los recurrentes casos en los que reclusos se ven involucrados en actos delictivos desde la misma prisión.

El caso David Ortiz ha puesto una vez más en evidencia las debilidades que tiene el sistema penitenciario de República Dominicana. Según han informado las autoridades, dos reclusos planificaron matar al expelotero de Grandes Ligas desde la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua.

Pero esta no ha sido la primera vez que los privados de libertad organizan actos que van desde estafar a cientos de personas solicitándoles dinero a cambio de entregar un premio o dar información de algún familiar “que ha tenido un accidente”, hasta planificar un crimen.

A esto se le suma lo normal que resulta ver imágenes de los lujos que tienen los reclusos en las prisiones y como desde allí manejan sus redes sociales a la vista de todos.

El asesinato del periodista Blas Olivo, el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, el atentado contra el abogado y periodista Jordi Veras, el intento de asalto a la cárcel de Najayo, el auto robo de 36 millones de pesos a un camión de transporte de valores, la amenaza a la periodista Alicia Ortega en abril de 2018, la muerte de un agente penitenciario de la cárcel de Rafey en Santiago, en enero de este año, son solo algunos de los casos en los que han estado involucrados uno o varios presidiarios.

Según el informe “El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica”, 60.2% de los reclusos del país guarda prisión preventiva, encontrándose en las cárceles condiciones deplorables e inhumanas que los hacen vulnerables a la coerción y al reclutamiento por parte de bandas de criminales más sofisticadas.

Este informe destaca que los “guardias de las prisiones, así como los policías y los miembros del ejército, suelen abusar de su poder con respecto a los presos y participan en redes de corrupción que posibilitan la generación de más criminalidad”, convirtiéndose las cárceles en incubadoras del crimen organizado.

El uso de los teléfonos celulares otorga mayores facilidades a los reclusos para planificar y ordenar actos delictivos desde los recintos donde cumplen condenas.

En el 2014, el procurador de entonces Francisco Domínguez Brito, presentó el sistema bloqueador de celulares puesto en ejecución en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua, la misma cárcel donde Carlos Rafael Álvarez (Carlos Nike) y José Eduardo Ciprián (Chuki), planificaron el asesinato del Big Papi.

Este sistema contemplaba implementarse en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. También desde el 2017, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en los centros penitenciarios, además del bloqueo definitivo de las señales.