Empresa recicladora de batería aclara por qué sometió a periodista por difamación e injuria

La empresa Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI) precisó que el sometimiento judicial que hizo contra la directora de la revista Imagen de la Cartera, Fiordaliza Raquel Liranzo Fernández, “es el resultado de su tozuda actitud por no reconocer que incurrió en una infracción penal al difundir en su medio de comunicación información falsa” sobre la empresa recicladora.

La periodista Liranzo Fernández denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa que está siendo víctima de un “cobarde” sometimiento ante los tribunales por difamación e injuria, de parte la empresa recicladora de baterías, según ella, porque se hizo eco de los resultados de una investigación de impacto ambiental que certificó que la planta contamina con plomo y cromo las inmediaciones donde está ubicada, en Los Bajos de Haina, San Cristóbal.

La denuncia de la periodista fue publicada en la versión digital de Listín Diario el 18 de mayo del 2019.

Luego de esa publicación, el 20 de mayo la empresa envió una carta a Listín Diario, firmada por presidente José Antonio Rodríguez Jiménez, en la que solicitó un espacio similar al otorgado a la denuncia de la comunicadora para explicar el motivo de la demanda, y detalló el trabajo que desarrolla.

Invitó al diario a visitar sus instalaciones y comprobar el compromiso que tiene con el medio ambiente y con la comunidad de Haina, “para que no se dejen utilizar en la guerra comercial que patrocinan sectores vinculados a la exportación de desechos que violan las regulaciones existentes”.

“VERI es la única empresa en el territorio dominicano y en todo el Caribe insular que se preocupó por invertir en adquisición de equipos con la mejor tecnología disponible para procesar, sin riesgos, las baterías de ácido plomo que se utilizan en el mercado”, puntualizó.

Afirmó que la eficiencia de sus operaciones ha sido verificada por las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales y comprobadas por técnicos que acompañaron a jueces del Tribunal Constitucional, que con motivo del conocimiento de una acción de amparo que buscaba hacer cumplir las regulaciones internacionales derivadas del Convenio de Basilea, verificaron el funcionamiento. Expone que eso consta en la sentencia TC/0035/18, del Tribunal Constitucional.