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La República martes, 23 de abril de 2019

FIRMA SON AUTORIZADAS POR JUECES

Procuraduría confirma que en el caso Odebrecht han hecho decenas de solicitudes de interceptaciones telefónicas

Santo Domingo

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.

La reacción de la Procuraduría se produce luego de que la diputada Faride Raful denunciara que esa institución intervino los teléfonos de una funcionaria del Gobierno y de uno de los líderes de la oposición, con el presunto pretexto de investigar el caso Odebrecht, pese a que ninguno de los dos estaban vinculados al caso.

Raful realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde reveló que la Procuraduría intervino los teléfonos del Secretario Nacional de Finanzas de su organización política, Eduardo Sanz Lovatón, y de la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau, añadiendo que la titularidad de sus números fueron ocultados a fin de realizar la operación.

Tras la denuncia, la  Procuraduría manifestó en un comunicado que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación  a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.

Explicó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de esos números estén involucrados penalmente en el caso.

Destacó que por tratarse del caso de corrupción más grande que se haya registrado en la historia del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.

De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.

La Procuraduría hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.