Respuesta a la justicia denegada: 202 linchamientos en 10 años

A casi tres años de su asesinato, los familiares del segundo teniente Genaro Javier Araujo esperan justicia. El 13 de mayo de 2016, en la comunidad Rincón de Yuboa, de la provincia Monseñor Nouel, Genaro se encontraba de servicio y conducía una camioneta policial. Recibió dos disparos mientras estaba dentro del vehículo, uno en la espalda y otro en la cara. Genaro llevaba 17 años de labor policial. Su caso aún no tiene justicia.

Ser policía en servicio no da garantías en “la república de las injusticias”.

Desde la muerte, su familia empezó un largo camino. Se dirigieron al Procurador Fiscal de la provincia Monseñor Nouel para que agilizara las investigaciones y señalara a los culpables del hecho, pero no recibieron respuesta. Luego, solicitaron al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el 14 de febrero y el 1 de mayo del 2017, la designación de un fiscal particular para investigar el caso. Tampoco se hizo nada.

Cansados de esperar, sus familiares se agruparon el jueves 22 de noviembre de 2018 frente a la Procuraduría General de la República. Mientras mostraban carteles en los que se veía el cuerpo ensangrentado del oficial, pedían que designaran a un fiscal para que hiciera las investigaciones de lugar.

Representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acompañan en el proceso a los Araujo, se quejan de que a pesar de los numerosos esfuerzos ante los organismos investigativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, todo ha sido en vano.

Según la legislación dominicana, el proceso debió terminar en máximo un año. Lo que le pasó a Genaro, le ocurre a muchos en República Dominicana.

Entre 2014 y 2017 se produjeron 95,575 denuncias de robos en el país. Solo se registraron 8,063 condenas por este delito en el mismo período.

Y dentro de esta diferencia entre condenas y denuncias se encuentra la “justicia por mano propia”. Desde 2008 a mediados de 2018, hubo 202 linchamientos en el país.

El 8 de diciembre de 2018 esa cifra encontró su último protagonista. Ese día, moradores del barrio Los Caballeros, en Pantoja, mataron al cabo de la Policía, Emilio José Urbaez Encarnación, al que “habían visto cometiendo múltiples asaltos en la zona”. También quemaron la motocicleta en la que viajaba junto a otro hombre que logró escapar de la furia de la multitud.

Según la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el caso se encuentra “bajo investigación” y hasta la fecha hay una persona apresada.

En un recorrido por las comunidades Villa Mella, Boca Chica, Santiago, San Cristóbal, Tamayo y Baní, la población se quejó ante la poca acción de la Justicia. En Villa Mella dijeron que en sus barrios el Estado se ausentó por completo: hay pocos policías, no hay iluminación, y desde hace más de 20 años reclaman el arreglo de sus calles y la instalación del servicio de agua. Además, temen al involucramiento de la Policía en los crímenes.

En Boca Chica la queja es que, tanto nacionales como turistas, sufren por los robos continuos que quedan en nada. En Santiago, los remanentes de un linchamiento mantienen en agonía a la comunidad haitiana, mientras que negocios en otros sectores de esa ciudad cierran más temprano debido a la delincuencia.

Para la socióloga Tahira Vargas, la venganza es una práctica muy vieja en la sociedad dominicana y se fortaleció durante las dictaduras de Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer.

El año de la muerte del segundo teniente Genaro Javier Araujo, hubo 1,616 denuncias por homicidios. Entre las querellas presentadas a la Policía, la investigación que deben seguir los fiscales y, finalmente, el proceso de condena que recae en los jueces hay un problema: la lentitud, falta de coordinación y acceso. Esto hace que la población dominicana espere años por la justicia que, a veces, ni esperando llega. Los más pobres la pasan peor. Se trata de lugares con altos índices de pobreza, como Tamayo; con falta de acceso a servicios básicos como Villa Mella; con elevados niveles de violencia como Santiago y San Cristóbal; con poco patrullaje policial, como Boca Chica o con un incremento del narcotráfico como Peravia.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2017 expone que “más de tres cuartas partes de los hogares dominicanos consideran la delincuencia como uno de los principales problemas del país (76.6%)”. El sondeo refleja también que Cibao Nordeste (las provincias Duarte, Salcedo, María Trinidad Sánchez y Samaná) es la región con “la más alta proporción de casas que lo identifica como tal” con 85.6%.

Estas cifras demuestran que, en lugar de mejorar, empeoró la percepción de la criminalidad por parte de la población.

Las estadísticas oficiales de Policía muestran 167 casos de linchamientos en el país desde 2008 y hasta mediados de 2018. Pero en esta investigación se identificaron 202 a nivel nacional al volver a sumar las cifras de Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo y Valverde.

La justicia carece de números

El sistema judicial dominicano necesita mejorar el cálculo de las denuncias, investigaciones y condenas. Así se tomarían mejores decisiones para disminuir los altos niveles de violencia.

Por ejemplo, las estadísticas oficiales de linchamientos aportadas por la Policía para estos reportajes están incorrectas. Indican que hay un total de 167 casos, pero en realidad ocurrieron 202 linchamientos si se suma de forma adecuada a Santo Domingo, Valverde, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, La Vega, Distrito Nacional, Barahona y Bahoruco.

Alberto Morillo, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, atribuye la pobreza de datos a quienes no denuncian estos hechos. Por eso las cifras aparecen con altos y bajos sin consistencia en el tiempo. “Un mes no denuncias aunque te hayan robado. Otro mes sí denuncias; eso es difícil de controlar”, sostiene.

La falta de cultura estadística en República Dominicana no existe solo en el sistema judicial. A pesar de que hay profesionales de estadísticas en diversas entidades, los gobernantes, al parecer, no aprecian la importancia de conocer esas cantidades.

Por ejemplo, las cifras evidencian que el problema en relación a robos es enorme. Las 95,575 denuncias de robo registradas por la Policía Nacional, de 2014 a 2018, se dividen entre simple (69,992), de automotores (23,344) y armas de fuego (2,239).

Aunque en ese periodo, la Policía registró 69,992 querellas por robo simple, de un celular, una cartera o la batería de un carro, no se lleva un registro sistematizado del crimen que afecta a más personas.

La joven Elvira Hernández es el vivo ejemplo. Le robaron en 2008, 2009 (tres veces), 2010, 2011, 2012 y 2016. La última vez, cuando fue a poner la denuncia en el destacamento policial de Los Farallones, en Santo Domingo Este, no había escribiente para levantar los datos. Tampoco tenían energía eléctrica.

El lugar no contaba con una computadora. La hicieron regresar al otro día y redactaron el informe en un libro viejo y deteriorado.

Su caso demuestra que la magnitud del problema de robo ratero se sale del control de las autoridades. Se hicieron 13,013 denuncias de ese tipo de crimen desde enero hasta junio de 2018. De esa cantidad, a 7,197 personas (55.3%) las atracaron mediante el uso de la violencia.

Ninguno de los representantes del Poder Judicial a los que se le solicitó entrevista para este reportaje accedió a hablar. Tampoco se obtuvo una respuesta de los voceros policiales. Mientras tanto la gente espera. Con miedo y deseos de venganza.

Este reportaje fue realizado por Indhira Suero Acosta para Listín Diario en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.

SEPA MÁS Abarrotamiento que causa caos Hacinamiento que agrava problemas. Al finalizar diciembre de 2018, el Viejo Modelo presentaba un acumulado de 4,642 preventivos por homicidio y 5,215 por robo. La mayor cantidad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria con 2,301 y 2,597 respectivamente.

Funcionamiento “Los tribunales no dan a basto. Un juez ve 30 o 40 casos diarios. Hay que promover salidas alternas, como mediación comunitaria, criterio de oportunidad y suspensión condicional”, sostiene la abogada Orlidy Inoa.