La Constitución dominicana protege la intimidad y el honor de las personas, garantizando el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y las correspondencias.

A su vez, obliga a toda autoridad a resarcir a los ciudadanos que se les viole el derecho a la intimidad, el cual está contenido en el artículo 44 de la Carta Magna, que dispone que “es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por un juez o autoridad competente”.

La ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, sanciona penal y civilmente la interceptación e intervención de datos o señales a través de un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, sin autorización previa de un juez competente, en violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas físicas o morales.