Apoyo y rechazo a despenalización del consumo de drogas

Entre juristas de la República Dominicana no hay un consenso en torno al planteamiento del juez español Baltasar Garzón, de que se despenalice el consumo de drogas, estableciendo límites de la venta a los menores de edad, militares, a personas con especial responsabilidad y grupos vulnerables.

El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini no están de acuerdo, mientras el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, y el abogado penalista, Cándido Simón, lo favorecen.

Castaños Guzmán considera que no sería conveniente, porque lo importante es que el Estado fortalezca las instituciones que deben darle respuesta al problema y un buen diseño de políticas públicas, con una visión global de la problemática.

Potentini entiende que no sería saludable la despenalización del consumo, porque sostiene está vinculado con la delincuencia y la criminalidad, e implicaría un costo social y en salud inconmensurable.

De su lado, Surún cree que el consumo de drogas no debe ser penalizado porque el adicto es una víctima.

El experto en derecho penal Cándido Simón señala que esa postura ya ha sido asumida por varios países, como en algunos Estados de Estados Unidos donde se permite el consumo controlado de la marihuana.

El exmagistrado de España, Baltasar Garzón, dijo que aboga por una despenalización responsable del consumo de la droga, con una política de educación, y salud y espacio de vida saludable. El ex juez hizo el planteamiento durante su participación en el Desayuno de Listín Diario.

Juristas de acuerdo con despenalización El presidente del Colegio de Abogados entiende que el consumo no debe ser penalizado, por tratarse de situaciones donde la víctima es la persona que está sumido en ese círculo vicioso, que considera debe ser sometido a un tratamiento siquiátrico, sicológico y de adecuación social.

“El consumo no debe ser penalizado, sino únicamente el tráfico de sustancias controladas”, planteó. Sostuvo que la ley penal consagra el castigo por una actuación intencional que genera un daño social.

Expuso que en el caso de los adictos a las drogas no son dueños de sí mismos, y su consentimiento está anulado por esa necesidad irresistible de consumir sustancias controladas, por lo que en ese caso la responsabilidad penal no opera por ausencia de la intención.

Abogado penalista De su lado, el experto en derecho penal, Cándido Simón, precisó que lo que se está planteando es considerar el consumo de drogas como un asunto de salud pública, no un tema de naturaleza legal, policial o judicial, por lo que, enfatizó, se recomienda invertir más recursos en la prevención que en la represión.

Simón sostuvo que la política belicista de guerra contra el narcotráfico fracasó. Puntualizó que en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hay un informe preparado por el órgano de estudios, prevención, diseño y recomendación de políticas públicas contra las drogas ilícitas, que recomienda un cambio de estrategia a los Estados.

Señala que en ese estudio se admite que la confrontación bélica, el incremento de penas y la reducción de garantías procesales contra el narcotráfico no ha tenido un resultado exitoso, por lo que se recomienda un cambio de estrategia que pasaría por la regulación de algunas especie para el consumo legal.

Sostuvo que se estaría hablando de regulación y despenalización, no de legalización, que aclara, son cosas distintas.

“La penalización de las drogas estupefacientes es el mejor negocio para los traficantes y los corruptos, porque incrementa sus ganancias, mientras ilegitima las instituciones y desprestigia la democracia, ante la inercia o la impotencia de los Estados para impedir el tráfico, comercio y consumo ilegal”, indicó.

Señaló que eso trae consigo otros crímenes, como los asesinatos, la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado..

LA FJT CONSIDERA UNA LOCURA PLANTEAMIENTO Potentini, presidente de la FJT, calificó como una locura y un desconocimiento del contexto y la realidad social del país, que se quiera plantear la despenalización del consumo de drogas. Expone que estudios y diagnósticos dan cuenta que el consumo de drogas tiene una relación directa casi en 30 % con el auge de la delincuencia.

“Eso tiene un costo social inconmensurable sin precedente para el Estado dominicano, que tiene que gastar más en hospitales, más en cárceles, más en asistencia, producto de la secuela que deja esa interacción de ese consume de drogas, directamente ligado al auge de la delincuencia”, subrayó.

Considera que el país no tiene las condiciones, porque hay una dependencia muy importante de los adictos que bajo los efectos de las drogas cometen toda modalidad de delitos, por ejemplo, hijos matando a sus padres, o asesinatos múltiples e incestos.

Posición de Finjus Mientras, el vicepresidente de la Finjus recalcó que no sería conveniente la despenalización del consumo de drogas, sino que lo que se requiere es el fortalecimiento institucional y un buen diseño de políticas públicas.

Castaños Guzmán precisó que el tema de las drogas no se limita a contar con un régimen de sanciones, porque es también un problema de salud pública, entre otros.

“La propuesta del magistrado Garzón, ratifica la necesidad de profundizar en el diseño de una política criminal con sentido, más integral, moderna y que coordine a las distintas instituciones estatales que intervienen en estos graves problemas”, planteó.

Consideró que el exjuez Garzón ha venido a apoyar lo que muchos sectores, incluyendo al Listín Diario, han manifestado, de que es urgente la adopción de un nuevo Código Penal que dé respuesta científica y apropiada al fenómeno de la criminalidad. Aunque algunas de sus expresiones son muy controversiales, ayudan al debate jurídico y social de estos temas.