Escándalos por casos de sentencias nublaron imagen del Poder Judicial

Con la rendición de cuentas realizada ayer, el magistrado Mariano Germán concluye su gestión de siete años en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual lució opacada por escándalos y desconfianza de la población por decisiones judiciales y administrativas que fueron cuestionadas, que dieron lugar a suspensiones, cancelaciones, y sometimientos penales de jueces.

Germán y otros 16 jueces de la SCJ tomaron posesión el 28 de diciembre del 2011, pero solo doce de ellos permanecen en la actualidad, porque los demás ya habían sido sustituidos por diversas razones, y nombrados otros en su lugar, incluyendo al vicepresidente y presidente de la Sala Civil, Julio César Castaños Guzmán, que renunció para irse a presidir la Junta Central Electoral (JCE).

El próximo jueves, 10 de enero del 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene previsto iniciar el proceso de evaluación de 12 jueces, que concluirá con su ratificación o sustitución.

En estos siete años con Germán al frente de la judicatura, uno de los casos que más sacudió el sistema de justicia fue el sometimiento penal de la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes, y del consejero Francisco Arias Valera.

El entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito los acusó de encabezar una mafia que se dedicaba a vender sentencias, lo cual han negado los procesados.

La jueza fue suspendida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), que también preside Mariano Germán, y destituida en el 2017, después de un juicio disciplinario.

Mientras, el consejero renunció. El proceso penal contra esas personas aún no ha concluido.

En esa oportunidad, el presidente de la SCJ manifestó que las informaciones sobre ese caso le habían causado pesar, vergu¨enza, malestar y una profunda preocupación por el presente y futuro de la judicatura nacional.

La presunta desconfianza en los mismos jueces de la SCJ fue el pretexto que tuvo el entonces procurador Domínguez Brito para no recurrir en casación la sentencia emitida el 21 de octubre del 2015 por la Sala Penal, que favoreció al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, quien estaba acusado de corrupción y lavado de activos.

“No tiene sentido recurrir en estas circunstancias, cuando ya la mayoría de esos mismos jueces se han pronunciado a favor de la impunidad”, expresó Domínguez Brito.

Más tarde, en el 2016, la Procuraduría también dispuso una investigación, a través de la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PEPCA), de tres jueces que habían sido cancelados por el CPJ.

Empero, en esa ocasión no hubo acusación penal contra los exjueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, y de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía.

Cumbre judicial Los escándalos y desconfianzas en el sistema de justicia, sumado a las inconformidades entre los jueces por los frecuentes traslados, motivaron la celebración de una cumbre judicial a final del 2016, en el que se evaluó el funcionamiento del sistema de justicia y concluyó con propuestas de acciones para mejorar.

En esa cumbre, las autoridades del Poder Judicial se comprometieron establecer una mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales; a revisar el rol de la figura del ministerio público en los procesos disciplinarios; a fortalecer la Inspectoría General del Poder Judicial con la ampliación y eficientización de las inspectorías regionales para el análisis de denuncias; a evitar los traslados no consensuados, de modo que no se utilicen como sanción, y a garantizar los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios de los jueces y demás servidores judiciales.

Caso Quirinito Después de la cumbre, un nuevo escándalo estremeció el poder judicial, en septiembre del 2017, a partir de la presunta muerte del reo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), quien cumplía una condena de 30 años por sicariato. Según determinaron las investigaciones de la PGR, Quirinito no está muerto y varios actores del sistema se habrían confabulado para fingir su fallecimiento, por supuestamente padecer una enfermedad terminal, mientras cumplía arresto domiciliario en su casa de San Francisco de Macorís.

Por la fuga de Quirinito, el CPJ suspendió a los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willys de Jesús Núñez, y de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. Además, la Procuraduría suspendió a un médico legista, a un procurador de corte de apelación y a un supervisor del medio libre del nuevo modelo de gestión penitenciaria.

CASOS EN JURISDICCIÓN INMOBILIARIA A la par con la modernización que se ha introducido en la Jurisdicción Inmobiliaria, también surgieron hechos que empañaron ese avance.

El 2 de agosto del 2018, el CPJ suspendió a la directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, luego que la Procuraduría la sometió a la justicia, junto con otras diez personas, que fueron acusadas de la venta irregular del sector Los Tres Brazos, del Distrito Nacional.

En el grupo también figuran dos agrimensores.

Cuatro meses después, el CPJ también dispuso la suspensión de 19 empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria y los envió a juicio disciplinario, al detectar irregularidades en el ejercicio de su labor.

También remitió el expediente a la Procuraduría para que determine si hay una implicación penal.

Cancelaciones y sometimientos judiciales.

Desde el 2012, cuando inició formalmente el trabajo de la actual gestión de la SCJ y del CPJ, hasta abril del 2018, fueron cancelados 22 jueces, por alegadamente dictar sentencias favorables a los sometidos penalmente, según recoge una publicación de Listín Diario del 17 de abril de ese año, bajo la firma del periodista Ramón Cruz Benzán.

Las destituciones tuvieron su origen en fallos emitidos por eso magistrados de variación de medidas de coerción de prisión preventiva por libertad bajo fianza, así como por intento de soborno, dar libertad bajo fianza sin justificación y negociar con sentencias.

Rendición de cuentas Ayer, 7 de enero del 2019, Germán hizo su última rendición de cuentas, con motivo del Día del Poder Judicial, que está instituido en la ley 327-98, sobre la carrera judicial, que fue aprobada el 11 de agosto de 1998.

Reclamos de un mayor presupuesto fue una constante cada año, para poder poner a funcionar a tribunales que han sido creados por ley, pero nunca se otorgaba lo que solicitaban.