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ENFOQUE

Futuro del Pacto Migratorio de la ONU en el 2019

Desacuerdo. Estados Unidos no firmó el Pacto Migratorio de la ONU, que se aprobó en un momento en que la caravana de migrantes hondureños se encontraba camino a su territorio.

Desacuerdo. Estados Unidos no firmó el Pacto Migratorio de la ONU, que se aprobó en un momento en que la caravana de migrantes hondureños se encontraba camino a su territorio.

El Pacto Global sobre Migraciones auspiciado por la ONU, inicialmente aprobado por los 193 miembros en el 2016, en julio del 2018 había perdido el voto de USA, en diciembre en Marruecos, le quedaban 164 votos y una semana más tarde en New York, solo 152; ésta semana habrá perdido el apoyo de Brasil y el conteo continua. El Acuerdo contiene 23 objetivos, que ya forman parte, de manera individual, de tratados y pactos internacionales ¿Entonces, para qué uno nuevo, que se afirma, no es vinculante?

China con una población de 1,400 millones es emisora de emigrantes y, lo ha firmado previa aclaración de que no puede colidir con las leyes nacionales puesto que no es vinculante: Desde luego que no siendo una democracia ningún Juez va a ordenar al Gobierno aplicarlo. Tampoco en Rusia, que acompañó su voto con una declaración política falaz culpando de la emigración a los países que “interfieren en Estados nacionales”.

USA un país de inmigrantes, que lo había impulsado, no lo firmó por contradecir sus políticas domésticas, sobre todo por su actual situación con la Caravana de Centroamérica, firmarlo habría sido un suicidio.

En la Unión Europea una región política compuesta de 27 Estados con una sola política migratoria, nueve no lo votaron y, en uno de ellos, Bélgica, produjo la caída del Gobierno: En todo caso, para su implementación, basta la reserva de uno o la oposición de un grupo para que no se implemente conforme al Tratado de la Unión. En ese espacio el Pacto no se aplicara, faltaría ver el curso que llevara en Inglaterra, que no es parte y lo firmó. Australia no lo firmó y, tanto el resto de Asia como África, son emisores de emigrantes, es obvio que lo apoyen.

En nuestra región Chile y RD no lo acogieron, ya veremos qué sucede con Colombia, principal destinataria de la crisis política de Venezuela y, con algunas en Centroamérica, afectadas por la ingobernabilidad de Nicaragua.

La inmigración no se puede medir con una regla general pues no tiene ni el mismo efecto, ni el mismo origen por cuestiones geográficas, políticas o económicas; es difícil introducirse subrepticiamente en Canadá, que es inmensa, lo impiden los océanos más inclementes y la frontera más custodiada. Cuba es por otra parte una isla incompartida, a donde pocos quieren ir por cuestiones políticas y económicas, para citar dos ejemplos.

La gente huye por razones políticas que terminan en desastres económicos y en intolerancias terribles, como en Venezuela y Nicaragua, huye por el efecto de desastres naturales, condiciones temporales ante las cuales procede el asilo. También por el deseo natural al cambio y por la expectativa de una vida mejor, motivos que deben ceñirse a la legislación del país elegido soberano para establecer sus reglas y programar su futuro.

La discusión del tema se ha desarrollado en los dos extremos del pensamiento político, descalificando cada uno al otro, sobre la base de que el Pacto “no es vinculante”, un sofisma, sino una falacia, puesto que desde el momento en que declara “como un derecho fundamental” el derecho a emigrar, cae, en nuestro caso y en otras naciones que tienen constituciones modernas, dentro de los derechos que vinculan al Estado y a sus instituciones: El Pacto creaba una condición vinculante del Estado y su Constitución Política con los indocumentados y, con los ilegales en sentido general generando obligaciones, en algunos casos, imposibles de cumplir.

Para que un documento sea vinculante, en nuestro derecho constitucional, no tiene que establecer una obligación por sí mismo, basta con que defina un derecho como fundamental, puesto que la Carta Política los garantiza todos y, hasta hoy, recibir ilegales en el territorio nacional, no es un derecho fundamental.

No es un problema de Norte Sur que afecte a las naciones desarrolladas y estas son las que más necesitan la emigración con medios sobrados para regularla, puesto que el 65% de la emigración en América Latina, es interregional y, en África, el 75%; es un problema nacional, grave, que debe ser atendido cada país con su propia legislación.

Hay pocos países fronterizos con el problema dominicano, que tiene vecino que en 210 años depredó toda su foresta, que carece de aguas, bosques y capa vegetal, que convirtió sus 27 mil Kms en un desierto densamente poblado sin servicios sanitarios, de salud o educación e hizo de su nación un Estado en crisis política de ingobernabilidad permanente generadora de un deterioro regresivo que devuelve sus niveles de vida 40 años atrás, tristemente, afectado por fenómenos naturales, con una población de 10.7 millones, superior a la nuestra, imposible de subir al carro de la educación y la salud, que para colmo, habla otro idioma lo que dificulta nuestra cooperación: Es una carga que llevamos y llevaremos, pero que la ONU, cuyo fracaso tras 25 años de intervención en Haití es evidente, no puede agravarnos más con un Pacto Migratorio contrario a nuestros intereses nacionales.

Si el Pacto Migratorio no es modificado oportunamente, cada día más naciones se retiraran de él, llegó hasta donde llegó porque se discutió en la sombra, en los pasillos y despachos de New York, pero discutido a la luz público, cada día más pueblos lo rechazaran. Ángel Lockward

El Pacto Global sobre Migraciones auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente aprobado por los 193 países miembros en el 2016, en julio del 2018 había perdido el voto de Estados Unidos, en diciembre en Marruecos, le quedaban 164 votos y una semana más tarde en New York, solo 152; esta semana habrá perdido el apoyo de Brasil y el conteo continúa.

El Acuerdo contiene 23 objetivos, que ya forman parte, de manera individual, de tratados y pactos internacionales ¿Entonces, para qué uno nuevo, que se afirma, no es vinculante?

China con una población de 1,400 millones es emisora de emigrantes y, lo ha firmado previa aclaración de que no puede colidir con las leyes nacionales puesto que no es vinculante: desde luego que no siendo una democracia ningún juez va a ordenar al Gobierno aplicarlo.

Tampoco en Rusia, que acompañó su voto con una declaración política falaz culpando de la emigración a los países que “interfieren en Estados nacionales”.

Estados Unidos, un país de inmigrantes, que lo había impulsado, no lo firmó por contradecir sus políticas domésticas, sobre todo por su actual situación con la Caravana de Centroamérica, firmarlo habría sido un suicidio.

En la Unión Europea una región política compuesta de 27 estados con una sola política migratoria, nueve no lo votaron y, en uno de ellos, Bélgica, produjo la caída del Gobierno: en todo caso, para su implementación, basta la reserva de uno o la oposición de un grupo para que no se implemente conforme al Tratado de la Unión. En ese espacio si el Pacto no se aplicara, faltaría ver el curso que llevara en Inglaterra, que no es parte y lo firmó. Australia no lo firmó y, tanto el resto de Asia como África, son emisores de emigrantes, es obvio que lo apoyen.

En nuestra región Chile y República Dominicana no lo acogieron, ya veremos qué sucede con Colombia, principal destinataria de la crisis política de Venezuela y, con algunas en Centroamérica, afectadas por la ingobernabilidad de Nicaragua.

La inmigración no se puede medir con una regla general, pues no tiene ni el mismo efecto ni el mismo origen por cuestiones geográficas, políticas o económicas; es difícil introducirse subrepticiamente en Canadá, que es inmensa, lo impiden los océanos más inclementes y la frontera más custodiada. Cuba es por otra parte una isla incompartida, adonde pocos quieren ir por cuestiones políticas y económicas, para citar dos ejemplos.

La gente huye por razones políticas que terminan en desastres económicos y en intolerancias terribles, como en Venezuela y Nicaragua, huye por el efecto de desastres naturales, condiciones temporales ante las cuales procede el asilo. También por el deseo natural al cambio y por la expectativa de una vida mejor, motivos que deben ceñirse a la legislación del país elegido soberano para establecer sus reglas y programar su futuro.

La discusión del tema se ha desarrollado en los dos extremos del pensamiento político, descalificando cada uno al otro, sobre la base de que el Pacto “no es vinculante”, un sofisma, sino una falacia, puesto que desde el momento en que declara “como un derecho fundamental” el derecho a emigrar, cae, en nuestro caso y en otras naciones que tienen constituciones modernas, dentro de los derechos que vinculan al Estado y a sus instituciones: El Pacto creaba una condición vinculante del Estado y su Constitución Política con los indocumentados y, con los ilegales en sentido general generando obligaciones, en algunos casos, imposibles de cumplir.

Para que un documento sea vinculante, en nuestro derecho constitucional, no tiene que establecer una obligación por sí mismo, basta con que defina un derecho como fundamental, puesto que la Carta Política los garantiza todos y, hasta hoy, recibir ilegales en el territorio nacional, no es un derecho fundamental.

No es un problema de Norte Sur que afecte a las naciones desarrolladas y estas son las que más necesitan la emigración con medios sobrados para regularla, puesto que el 65% de la emigración en América Latina, es interregional y, en África, el 75%; es un problema nacional, grave, que debe ser atendido cada país con su propia legislación.

Hay pocos países fronterizos con el problema dominicano, que tiene el vecino que en 210 años depredó toda su foresta, que carece de aguas, bosques y capa vegetal; convirtió sus 27 mil Kms en un desierto densamente poblado sin servicios sanitarios, de salud o educación e hizo de su nación un Estado en crisis política de ingobernabilidad permanente generadora de un deterioro regresivo que devuelve sus niveles de vida 40 años atrás, tristemente, afectado por fenómenos naturales, con una población de 10.7 millones, superior a la nuestra, imposible de subir al carro de la educación y la salud, que para colmo, habla otro idioma lo que dificulta nuestra cooperación: es una carga que llevamos y llevaremos, pero que la ONU, cuyo fracaso tras 25 años de intervención en Haití es evidente, no puede agravarnos más con un Pacto Migratorio contrario a nuestros intereses nacionales.

Si el Pacto Migratorio no es modificado oportunamente, cada día más naciones se retirarán de él, llegó hasta donde llegó porque se discutió en la sombra, en los pasillos y despachos de New York, pero discutido a la luz pública, cada día más pueblos lo rechazarán.

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