Control migratorio es exclusivo del país

La sociedad dominicana ha reaccionado con estupor, al ser informada que el Gobierno Central se apresta a suscribir un convenio internacional denominado “Pacto Mundial Para La Migración Segura, Ordenada y Regular”; auspiciado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque en dicho convenio se establece que el mismo no es jurídicamente vinculante, no es menos cierto que los signatarios se comprometerían a aplicar las consideraciones y recomendaciones que se hacen a los Estados para beneficio de los migrantes, sobre todo de los migrantes irregulares, ya que los derechos y garantías de los migrantes regulares son universalmente aceptados. En nuestro caso, la Carta Magna otorga los mismos derechos y deberes a los extranjeros regulares, que a los nacionales dominicanos.

Salvo las excepciones de carácter política y registral, los extranjeros, en República Dominicana, ejercen a plenitud estos derechos que les reconoce la Constitución de la República en la Sección III del Régimen de Extranjería, en su artículo 25. Precisamente, preocupado por el impacto y las consecuencias de dicho convenio, delegaciones de diversos países han guardado distancia, y preservado los intereses de sus Estados, frente a dicha iniciativa. Ellos han expresado de manera pública, que en dicho pacto existen diversas disposiciones que lesionan sus políticas y principios de soberanía. Puntualizan que ese pacto no es más que un esfuerzo dirigido a dar un enfoque global a un delicado tema, que afecta la soberanía de los Estados miembros de la ONU.

De manera especial, Estados Unidos de América, en una declaración pública, al justificar su negativa a suscribir este pacto, puntualizó lo siguiente: “Nuestras decisiones sobre política de Migración siempre deben ser tomadas solo por los Estadounidenses”, y reafirmaron, en la voz de su Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Nikki Haley: “Somos nosotros, los estadounidenses, quienes decidiremos cuál es la mejor manera de controlar nuestras fronteras, y quiénes podrán ingresar a nuestro país”.

Dicha funcionaria denunció el enfoque global de este tema, advirtiendo que “no es compatible con la soberanía de los Estados Unidos”. Por situaciones históricas, económicas y políticas; en igual sentido, pero con mayor razón, deben haberse pronunciado los funcionarios dominicanos, respecto del tema en cuestión. Es lamentable que ésta no sea la actitud que asuma un Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que formó el profesor Juan Bosch.

Los representantes de Hungría, Austria, Australia, Bulgaria, Israel, Polonia, la República Checa e Italia; expresaron reserva o rechazo, bajo los mismos argumentos expuestos por Estados Unidos, o por consideraciones parecidas.

Todos estos países han optado por reiterar los beneficios y oportunidades que se ofrece a la migración, segura, ordenada y regular, así como los que están obligados a proporcionar a los desplazamientos migratorios fruto de situaciones que presionan a estos ciudadanos a migrar de manera irregular. Las grandes oleadas migratorias, por ejemplo en el año 2015, involucraron más de 244 millones de personas. El grueso de estas migraciones, sobre todo al continente Europeo, está vinculado a la desestabilización de muchos de los gobiernos instalados en los países de África, Medio Oriente y Eurasia, como consecuencia de políticas diseñadas para imponer desde fuera la democracia en esas sociedades, ignorando sus idiosincrasias, sus culturas, y sobre todo, sus creencias políticas y religiosas. Ejemplos: Yemén, Libia, Irak, Somalia, Egipto, Yugoeslavia, entre otros.

Ciertamente, la comunidad internacional ha reaccionado ante la creciente ola de desplazamientos masivos de refugiados y migrantes, que envuelve una movilidad humana en constante y acelerado desarrollo. Estos seres humanos tienen los mismos derechos, universales y libertades fundamentales. Más sin embargo, gestionar estos desplazamientos en los países receptores, se hace imposible, si los mismos carecen de recursos para responder a esos movimientos de migración irregular.

Como se puede observar, los países receptores han expresado su inconformidad con el intento de globalización, o de una solución global, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada sociedad. Tal como ocurre en el caso dominicano, que podemos afirmar, sin sonrojarnos, que nadie ha ayudado más, o ha aportado más, al pueblo haitiano que el pueblo y los gobiernos dominicanos.

En efecto, la suscripción y aplicación de las políticas contenidas en el pacto de marras, podrían conducir al colapso de la República Dominicana como nación, a la desaparición de la identidad nacional; podría generar la liquidación del sistema democrático, y hacer desaparecer la de por sí débiles condiciones de subsistencia de nuestros nacionales, dada la incapacidad del Estado Dominicano, de poder atender satisfactoriamente las necesidades de nuestros propios ciudadanos, menos aún, adicionalmente a ésta, la de los vecinos.

El hecho de que nuestro vecino con frontera terrestre haya adoptado como política la exportación de sus ciudadanos, como fuente de subsistencia económica, hace que estos movimientos migratorios se conviertan en un peligro para la soberanía nacional.

De donde deviene la obligatoriedad de preservar nuestras fronteras, de asumir y garantizar los valores y principios constitucionales, que obligan al Gobierno Dominicano a mantener y hacer respetar la soberanía nacional.

Las políticas dominicanas en materias fronteriza y migratorias, no pueden ser contrarias a la establecidas en la Constitución de la República.

Los organismos internacionales, las organizaciones ENFOQUE de la sociedad civil, y otros Estados, no pueden decidir por nosotros. Esta atribución es exclusiva de los dominicanos.

Como país, carecemos de condiciones económicas, políticas y sociales, para absorber la población migrante haitiana.

Haití es un país en permanente inestabilidad, carente de instituciones sólidas, e incapaz de documentar a su propia población, ni de suplirle los servicios, ni satisfacer las necesidades de los mismos.

Por demás, ha acumulado, por tiempo, sentimientos y aspiraciones respecto del pueblo y el territorio dominicanos, que nos obligan a mantener la vigilancia respecto de nuestra integridad como nación, en todo el sentido de la palabra.

El Gobierno Dominicano no puede aceptar, ni asumir compromisos referentes a la no devolución inmediata de todo el que cruce la frontera sin la debida autorización, y sin cumplir con los requerimientos establecidos en la Constitución y las leyes del país. De ahí que resulte contrario al interés nacional el pacto de referencia. Tampoco puede comprometerse a la revisión de las políticas migratorias contenidas en la Carta Sustantiva, como señala dicho pacto. Ya hemos cedido demasiado, para satisfacer las demandas de organismos internacionales, para ceder a las presiones de otros Gobiernos; ya sea por convicción o por temor.

La globalización de las soluciones migratorias, sin detenerse a analizar las particularidades de cada nación, y la orientación del convenio internacional objeto de esta declaración, de ser aceptado, puede conducir a la formación de campos de refugiados, sobre todo, aprovechando los constantes y acostumbrados actos de violencia y de desestabilización que se dan en el país vecino; lo que se constituiría en una amenaza para la seguridad nacional y para nuestra existencia como nación libre, independiente y soberana.

El Gobierno Dominicano no debe aventurarse a asumir un compromiso de esta magnitud, y en el peor de los casos, si lo hiciera, previamente debe agotar los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento constitucional, que ponen en manos del Congreso, al tenor de el artículo 93, el que éste valide la suscripción de este tipo de convenio. Más aún, es lamentable que no se haya cumplido el principio de Control Preventivo de los Tratados, contemplado en el artículo 185 de nuestra Carta Magna.