Imputados Odebrecht apelan resolución rechazó declinar caso a juzgado ordinario

Dos acusados en el caso de los sobornos de Odebrecht apelaron ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que preside la magistrada Miriam Germán Brito, la resolución del juez de instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, que rechazó declinar el expediente al juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y se declaró competente para seguir conociendo el proceso en la jurisdicción privilegiada de la SCJ, por estar incluido un senador.

Los imputados Conrado Pittaluga Arzeno y Porfirio Andrés Bautista García presentaron sendos recursos de apelación, el siete de noviembre del 2018, en contra de la resolución 012-2018, emitida por el magistrado Ortega Polanco, el 9 de octubre del 2018, la cual rechazó las excepciones de incompetencias planteadas por los implicados en el caso.

Mediante su recurso de apelación, Andrés Bautista García solicita a la sala penal de la SCJ, que preside la magistrada Miriam Germán Brito, declarar la incompetencia de la jurisdicción privilegiada para conocer de la acusación en su contra, por no ser uno de los funcionarios que gozan de jurisdicción privilegiada. Considera que su jurisdicción natural es la ordinaria, por lo que pide que el proceso sea declinado ante el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.

En caso de que no sea acogido el anterior planteamiento, pidió de forma subsidiaria que se ordene el sobreseimiento del conocimiento de la audiencia preliminar, “por existir una cuestión perjudicial que es el juicio político que debería seguírsele en el Senado de la República a Tommy Alberto Galán Grullón, senador por la provincia de San Cristóbal, previo a su sometimiento al proceso penal que ocupa la atención de esta jurisdicción, del cual depende la competencia de la jurisdicción privilegiada”.

En la instancia de apelación, el imputado Pittaluga Arzeno pidió a los jueces de la sala penal la SCJ declarar la incompetencia de la jurisdicción especial de la SCJ para juzgarlo, entre otras razones, “por determinar la ausencia de indivisibilidad para aplicar la regla de prorrogación de competencia, respecto de los delitos atribuidos por la acusación al recurrente y los endilgados al senador Tommy Galán”.

También, declarar que de conformidad a la acusación del ministerio público entre él y el senador Tommy Galán no existe ni siquiera una sola infracción común y que constituye una condición necesaria para la aplicación de la regla de prorrogación de competencia la determinación de indivisibilidad en la causa de la acción respecto de los delitos o crímenes, a cargo de los justiciables con privilegios de jurisdicción y los que no tienen.

Solicitó ordenar al juez Ortega Polanco su desapoderamiento del caso y su remisión a la coordinación de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por ser el órgano competente para atender el curso de la acción promovida mediante la acusación presentada por el ministerio público el 7 de junio del año 2017, a fin de que designe a un juez de la instrucción que continúe con el proceso.

La solicitud de declinatoria del expediente a la jurisdicción ordinaria al juez Ortega Polanco también fue hecha por los acusados Víctor Díaz Rúa y Jesús Vásquez Martínez.

Los siete implicados en los sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar ODEBRECHT en el país son Ángel Rondón, Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Víctor Díaz Rúa, Jesús Vásquez Martínez y el senador Tommy Galán.

El recurso de apelación de Bautista García fue sometido a través de los abogados Carlos Salcedo, Antoliano Peralta Romero, Gustavo de los Santos y Thiaggo Marrero. Mientras que el de Pittaluga Arzeno, a través de los abogados Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez Tejada, Edward Veras Vargas, Carlos Pérez y otros.