Fiscal respalda ley extinción de dominio

Convencido de que el lavado de activos y el crimen organizado no se previenen solamente con la aplicación de la ley penal, el fiscal de sala ante la Corte Suprema de Justicia de España, Javier Zaragoza, instó ayer al sector privado a colaborar para enfrentar esos delitos.

El magistrado español planteó que atacar esos delitos no depende del funcionamiento del sistema penal, sino que se necesita la cooperación del sector privado.

Consideró que no habrá información que se pueda transmitir a las autoridades de investigación si los sujetos obligados del sector privado no cumplen con sus deberes y obligaciones, no reportan a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no vigilan su propio funcionamiento, ni disponen de reglas internas que permitan detectar el dinero sucio o de origen criminal y las operaciones de blanqueos. Aclaró que no se trata de convertir a los sujetos obligados en investigadores ni en policías, sino que se requiere que evalúen si hay operaciones sospechosas provenientes de lavado de activos y del crimen organizado.

Zaragoza participó ayer en el Desayuno de Listín Diario, que presidió su director Miguel Franjul. Estuvo acompañado del juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Alejandro Moscoso Segarra, y de la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora. El fiscal español vino al país para participar en el Primer Congreso Internacional sobre lavado de activos, con motivo de celebrarse el 29 de octubre el Día Mundial contra ese delito.

Investigación, juicio y prevención Argumentó que se ha articulado toda la respuesta contra el crimen organizado en lo concerniente al lavado de activos sobre dos pilares, la vertiente represiva, que concierne a las autoridades encargadas de la investigación y el juicio, como fiscales, jueces y policías, y en la otra parte, la labor preventiva, en la que entran los organismos encargados de vigilar las entidades privadas y de todo el sector financiero, bancario y otros, a los que se les denomina sujetos obligados.

“Son dos pilares que se conectan mucho entre ellos, y el funcionamiento de uno depende básicamente del buen funcionamiento del otro”, afirmó.

El funcionario del ministerio público español sostuvo que en la ley penal se debe disponer de instrumentos normativos suficientes para castigar conductas que afectan a las personas que responden a los ataques más graves de convivencia, como los delitos de blanqueo, de organización criminal, narcotráfico, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos para evitar la corrupción. El fiscal español se mostró de acuerdo con la aprobación de normas legales sobre extinción de dominio, porque considera que son eficaces para enfrentar el problema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Hay que disponer de fórmulas que permitan decomisar esos bienes”, planteó Zaragoza, quien entró al ministerio público español en 1982. No obstante, aclaró que en España no hay una ley de esa naturaleza. Zaragoza, quien dirigió las fiscalías especializadas contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y la de antidrogas de España, precisó que casi 40 por ciento de la ganancia del crimen organizado a nivel mundial proceden del tráfico de drogas, lo cual consideró es la parte más importante del crimen organizado.

Corrupción Percibe que la corrupción es la consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones, sobre todo en función de intereses privados, de personas, empresas, sociedades y organizaciones criminales.

“Ese es el ABC de la lucha contra el crimen organizado, uno de los efectos negativos es la corrupción, y es uno de los efectos que tenemos que limitar y restringir”, planteó.

Manifestó que la corrupción llega a todos los sitios, más a unos que a otros, pero apuntó que no hay un estamento del Estado que no esté libre de corrupción, en mayor o menor medida”, indicó.

Expuso que alrededor del 65 por ciento del dinero de lavado de activos retorna a la economía legal de los países.

(+) ACUSACIÓN EN CASO DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA JUICIO El fiscal de España informó que en los próximos días será presentada la acusación contra 18 personas, implicadas en el caso de la declaración de independencia de Cataluña, en octubre de 2017. Aclaró que no está incluido Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, porque está fuera del alcance de la justicia española. Puigdemont está exiliado en Bélgica.

LA LEY Javier Zaragoza enfatizó que es muy importante el respeto a la ley. “Hay que respetar la ley porque es el marco de convivencia de todos. Si quiere defender las ideas independentistas, vaya a los procedimientos constitucionales”, indicó. Reiteró que no se puede defender las ideas de independencia imponiendo modelos a una población que no las comparte, a través de procedimientos inconstitucionales.