Reos en áreas precarias

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) establece que en centros tradicionales y del nuevo modelo penitenciario se aplican sanciones disciplinarias por tiempo indefinido o prolongado y se imponen castigos desproporcionados, con aislamientos en áreas que no cuentan con condiciones de habitabilidad.

En su informe anual, correspondiente al 2017, la Defensa Pública puntualiza que con esas medidas se violan las reglas mínimas de tratamiento penitenciario, ya que lo que está permitido son sanciones por tiempos máximos de duración de 30 y 60 días, pero que ha habido reos que se les ha sancionado enviándolos a espacios inapropiados hasta por 11 meses.

Determinó que existen áreas de aislamiento en las cárceles tradicionales, en donde presuntamente ingresan internos con conductas reiterativas de indisciplina, regularmente por haber participado en riñas o motines con el interés de agenciarse el autogobierno de los recintos, o sea, quitar el “Probó” (preboste) o representante general de los reos en asuntos de vigilancia. “Estas áreas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, por no tener espacio físico, ventilación ni iluminación suficientes, como tampoco permitirles a los recluidos realizar alguna actividad educativa o productiva”, cuestiona la ONDP.

Nuevo modelo En el documento, se establece que en centros de corrección del nuevo modelo también en ocasiones imponen sanciones desproporcionadas, citando el caso del de Anamuya, en donde la comisión de cárceles comprobó una sanción impuesta con duración indefinida de aislamiento en la celda de reflexión, hasta tanto el interno o sus familiares pagaran una parte de un baño que había roto.

Reseña que en algunos casos cuando la Junta de evaluación y sanción que funciona en esos recintos se reúne, ya el interno juzgado disciplinariamente ha cumplido la sanción impuesta cuando es emitida la misma.

Constató también una cantidad excesiva de faltas disciplinarias impuestas a los internos por la ocupación de celulares, citando el Centro de Corrección Rafey Hombres, de Santiago.

Sin embargo, señala no existe ninguna investigación tendente a descubrir quién ingresa los aparatos telefónicos, partiendo de que los internos tienen restringido su derecho a la libertad, y en el economato de los centros no venden celulares.

Cárceles tradicionales En su informe, la Defensa Pública cita el caso de un interno en la Fortaleza Palo Hincado, de Cotuí, quien dice permaneció por espacio de once meses aislado en una celda que no reunía condiciones mínimas de habitabilidad, puesto que no podía el mismo ponerse de pie.

“No tenía baño, por ello tenía que realizar sus necesidades en fundita, dormía en el suelo encima de un colchón, también para poder bañarse tenía que esperar que le pasaran una cubeta de agua, y además no le suministraban los alimentos con regularidad”, estableció,

Puntualizó que la Comisión de Cárceles tuvo que interponer una acción de amparo para lograr se le garanticen sus derechos a ese ciudadano, por ante el juez de Ejecución de La Vega, y que logró sea acogido, en junio de 2017.

Precisó que fue ordenado el egreso de dicha celda, por la vulneración a los derechos a la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y a la alimentación.

Deploró en el informe que la sentencia fuera acatada por las autoridades penitenciaras tres meses después, en septiembre de ese año.

Denunció que lo mismo continúa ocurriendo con otro interno, que se encuentra recluido en la cárcel pública de Baní, aislado de los demás internos por motivos de seguridad, para evitar que éste promueva alguna riña o motín dentro del recinto, o que hiera otro interno.

“Este interno tiene aislado más de cinco meses, en una celda de menos de dos metros, en donde ni siquiera puede acostarse de manera horizontal, sin tener que sacar las piernas por los barrotes, duerme en el suelo, tampoco tiene un baño para poder hacer sus necesidades fisiológicas, sino un hoyito, y sin ducha”, afirma la oficina de la Defensa Pública.

LA CÁRCEL LA VICTORIA Denuncia La ONDP recoge en su informe la situación de la cárcel La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte de la provincia Santo Domingo, en la que afirma ha podido comprobar las condiciones de los espacios físicos que son utilizados como celda de aislamiento o la plancha, que según asegura, no reúnen las condiciones mínimas requeridas por la ley, ya que los ingresados en ella terminan siendo tratados como objetos, al desconocérseles sus derechos.

Pone como ejemplo, un incidente suscitado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el 17 de agosto del año 2017, en donde fueron asesinados cuatro internos de nacionalidad haitiana, mientras se encontraban en la celda 13, denominada “La Plancha”, del área de los Pasillos B, por otros internos recluidos también en dicha celda, que portaban arma blanca.