Defensa Pública afirma en cárceles mandan los presos

En centros penitenciarios del país, tanto del nuevo modelo como del tradicional, aún ocurren prácticas irregulares que violentan los derechos de los privados de libertad, entre ellas maltrato físico y verbal y la delegación del régimen disciplinario a un comité integrado por reos, a los cuales se les permite portar armas de fuego e imponer las sanciones disciplinarias.

Así lo establece la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en su Informe Anual 2017, que recoge denuncias de los Defensores Públicos y de la Comisión Nacional de Cárceles sobre acciones violatorias de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario y las Reglas Mínimas de Tratamiento en los Centros de Reclusión.

La ONDP dice en el Informe que, pese a que está prohibido que la función de disciplina sea concedida a los presos, en los recintos penitenciarios del modelo tradicional regularmente se conforma un “Comité de Disciplina” con un representante general de los internos, denominado “Probó”, nombrado por la Alcaldía, y que en ocasiones se permite que sea elegido por los mismos internos.

El poder del “Probó”

Sostiene que el “Probó” tiene representantes en cada celda que tenga el recinto, y que a estos se les otorga la facultad de aplicar sanciones, poniendo como ejemplo lo ocurrido en la Cárcel del Kilómetro 15 de Azua, donde el representante general disponía, si se encontraba a algún interno robando, colocarlo por espacio de una hora en el sol, acostado en el patio, como también darle dos palos.

Indica que esa situación se da también en la Fortaleza Duarte del municipio San Francisco de Macorís, donde el representante regularmente es quien sugiere al Alcaide a cuáles internos hay que enviar al área de aislamiento, denominada el “bunker”.

A los integrantes de estos comités, reseña la ONDP, se les autoriza determinada cantidad de armas, ya que las portaban frente a las Autoridades de Seguridad y Alcaides, entre ellos machetes o palos, como mecanismo de defensa para que se protejan y para que logren la armonía anhelada dentro de los recintos. Señala el informe que los Defensores Públicos observaron que en la cárcel del 15 de Azua el “Probó” siempre tenía encima un machete, al igual que cada miembro de su Comité.

Establecen en el documento que mientras el representante de la Fortaleza Palo Hincado, de Cotuí, transitaba desarmado, las veces que la Comisión de Cárceles y la Coordinadora de la Defensa Pública de esa jurisdicción tuvieron la oportunidad de conversar con él, “tenía un séquito de más de 30 internos pertenecientes a su Comité que se encontraban armados con machetes, cuchillos y palos”.

Destaca que en la Cárcel Pública de Baní había integrantes del “Comité” con palos y cuchillos.

SIGUE MALTRATO FÍSICO CONTRA LOS PRESIDIARIOS

En el documento, la ONDP reseña el maltrato verbal y físico de cuatro internos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca por parte de un subdirector de seguridad, así como de dos agentes penitenciarios.

Señala que a uno de ellos se le provocó una lesión en el oído por haber sido golpeado por el subdirector (al cual no identifica) con las palmas abiertas en el oído, por presuntamente vender sustancias controladas.

Indica que otro interno recibió una trompada de un agente por freír plátanos sin autorización previa, y que un tercero recibió golpes en brazo y glúteos por presuntamente ocupársele una “puya”.

“Cabe indicar que uno de los agentes señalados en esta denuncia, también había sido denunciado por otros internos, pero cuando este se encontraba en los CCR´s, El Pinito, de La Vega; y en Rafey, Santiago”, puntualiza el informe de la ONDP, que dirige la doctora Laura Hernández.

Narra el caso de otros dos internos recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, de Santiago, quienes denunciaron a los Defensores Públicos maltrato físico y verbal, por parte de un vigilante penitenciario.

Precisa que esa situación fue comprobada por Elizabeth Rodríguez, miembro de la Comisión de Cárceles, un órgano creado por el Consejo Nacional de Defensa de Pública para velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas detenidas y las internas en los centros penitenciarios. Según determinó esa Comisión, uno de los reos tenía moratones en un costado y el otro estaba botando secreciones por un oído, en el que había recibido los golpes.