Madres de barrios pobres van a fiscalía tras una pensión

Decenas de mujeres acuden a la fiscalía que funciona en el Juzgado de Paz del Ensanche Ozama, de la provincia Santo Domingo, para exigir a los padres de sus hijos pensión alimenticia, porque se niegan a cumplir con su deber de manutención.

Unas esperaban su turno sentadas en dos muros que hay debajo de árboles. Otras en bancos que están colocados en un pasillo en la parte exterior del edificio. Algunas tuvieron que quedarse paradas porque los asientos no eran suficientes para la cantidad de madres que tuvieron que trasladarse a la fiscalía por el incumplimiento de la responsabilidad paterna.

Ante citación de la fiscalía, allí también aguardaban hombres por las vistas de conciliación en el ministerio público para acordar el monto o por deudas por pensiones de hasta 2,500 pesos.

Juzgado de Paz de esa jurisdicción conoce cada miércoles un promedio de 20 demandas por pensión alimenticia, que son incoadas luego que las partes no concilian en el ministerio público. Algunos casos son para que se establezca el monto de la pensión; otros para que se reduzca o aumente la suma, y otros por incumplimiento de los acuerdos en la fiscalía.

“Él le da mil pesos cuando quiere”, comenta una joven madre que demandó por manutención al padre de sus dos hijos, de 6 y 4 años. Con un embarazo de 9 meses, fruto de la relación con su actual pareja, esperaba que la fiscal la recibiera para conciliar el monto de la pensión, sentada en un muro debajo de un árbol, frente al Juzgado de Paz del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.

Aspira a un monto de 8,000 pesos, porque son dos niños. Desconoce si el exmarido está trabajando para garantizarle esa suma, pero afirma que él es muy joven y lo puede hacer.

El progenitor de sus dos hijos fue citado para ayer, a las 8 de la mañana. Ella llegó puntual a la cita, pero pasado el mediodía aún no había sido conocido su caso en conciliación, porque la fiscal no había llegado.

Contó que trabaja en un restaurante donde, dice, no recibe un buen salario, por lo que la ayuda que tiene es de parte de su actual pareja, de quien espera un hijo que será el tercero suyo.

Por la manutención de sus hijos no quisiera que su ex vaya a la cárcel, porque, afirma, no quiere hacerle daño a nadie, pero reflexiona y enfatiza que sus hijos están primero, por lo que le exige que cumpla con su deber de cubrirle sus necesidades básicas.

“Cuando mis hijos no tienen nada y mi esposo está lejos, quien se tiene que romper la cabeza soy yo”, asegura.

Paga 4,000 pesos del alquiler de una modesta casa donde vive junto a su pareja y dos hijos, en un barrio marginado de la provincia Santo Domingo, y 2,000 por el colegio de los infantes, aparte de 700 pesos quincenales que le paga a un motoconchista que se los transporta porque el centro educativo queda retirado de la casa. Refiere que paga esa suma porque la consideran.

Hace dos semanas que inició el proceso para lograr que el papá de los niños aporte para su crianza. Espera llegar a una conciliación en la fiscalía, para no tener que ir a un juicio al tribunal, ni que se tenga que producir un arresto.

A su lado, se encontraba otra joven, de 25 años, que tuvo que volver a la fiscalía porque el hombre con quien procreó una niña, de 4 años, lleva 8 meses que no le paga la pensión de 2,500 pesos que le impusieron hace un año.

Contó que tiene una deuda, pero que tampoco acude a las citas ante el ministerio público, donde ha sido requerido por cuatro ocasiones. “Si no viene hoy a esta última cita lo van a mandar a buscar preso, me dijo la fiscal”, narró la joven.

Vive sola con su hija en una habitación alquilada, por la que paga 2,000 con el sueldo de 6,000 que devenga en una banca de apuesta. También le paga 700 pesos del colegio ubicado en un barrio de la zona oriental.

LA OTRA CARA, UN ALEGATO Un joven que fue convocado a la fiscalía por primera vez por la manutención de un niño, de 5 años, atribuye la citación a inconformidad de la madre por la suma que le está dando desde enero para los gastos del niño, después que no cuenta con un trabajo formal.

“Si me están citando simplemente es para ponernos de acuerdo por una inconformidad. Yo nunca he dejado de darle y mantener a mi hijo”, afirmó. Contó que cuando se divorció, no le daba una suma fija, pero que le entregaba de entre 4,000 a 7,000 pesos, porque laboraba con su padre en un negocio de venta de agua.

Explicó que luego consiguió un trabajo en una empresa y le aumentó a 10,000, pero que se los daba en efectivo, sin ningún recibo. Según contó, devengaba en ese entonces 17,000 pesos.

Señaló que después que salió de ese empleo, ya no podía mantener la misma cantidad, y que a partir de ese momento notó un cambio de actitud de su exmujer. Agregó que eso lo llevó a depositarle el dinero a través de su cuenta bancaria para que quede registrado el pago, porque ya se habían producido discusiones verbales.

“Nunca dejé de darle. A veces me atrasaba y después le daba lo que le debía y lo del mes”, asegura. Observó que la mamá del niño siempre ha trabajado, y con mejores empleos que él, que ahora trabaja como mecánico independiente. No se niega a mantener a su hijo conforme a sus posibilidades. Por eso acudió temprano a la cita para acordar en la fiscalía un monto fijo que vaya a acorde con sus ingresos. Llegó a las 8:15 de la mañana, pero pasado el mediodía aún no había sido llamado.