Sobornos
Tribunal aprueba acuerdo de Procuraduría y Embraer
Culpable. La empresa brasileña Embraer aceptó haber pagado US$3.5 millones en sobornos para la compra y venta de los aviones Súper Tucanos, en 2009.
La jueza del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó ayer el acuerdo arribado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), quien aceptó la culpabilidad de haber pagado US$3.5 millones en sobornos para la compra y venta de los aviones Súper Tucanos, en el año 2009.
La magistrada Yanibet Rivas acogió en su totalidad las conclusiones presentada por el Ministerio Público y fijó para el 20 de septiembre la lectura integra de la sentencia donde se condena a Embraer pagar 7 millones de dólares al Estado Dominicano.
El tribunal tomó la decisión, luego de acoger la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional Embraer, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Se informó que Embraer está trabajando para la entrega de la documentación al Ministerio Público y que próximamente estará entregándola, tras señalar que tomaran una serie de corrección.
Se recuerda que los 7 millones de dólares establecidos en la condena como multa fueron pagados por Embraer el pasado 13 de agosto a la Procuraduría, para ser integrados al presupuesto del Ministerio Público, a fin de fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos.
De inmediato, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción la condena en contra de la empresa brasileña.
Destacó que con la sentencia se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de ocho aviones Super Tucano.
El magistrado precisó que con la misma no fue necesario esperar años de litigio ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público.