De los pueblos a la capital viviendo hasta en cañadas

Cuando don Ramón se separó de su esposa, a inicio de la década de los 80, tomó la decisión de venir a la capital a buscar un empleo como “guachimán” para traer a sus hijos a vivir con él.

En 1984 logró conseguir RD$30,000 y compró un terreno a orilla de una “cañada” en el sector Los Ríos, al Oeste de la ciudad, en cuyo espacio había una casita construida con “playwood” y techo de cartón. Recuerda que en esta cañada, llena de basura, habitaban grandes ratas y sapos, y que tuvo que pagar para que un electricista improvisado le pusiera la energía eléctrica y le ayudara a poner una tubería para llevar el agua potable a la casa.

Así como don Ramón muchas personas han llegado de campos y pueblos a vivir en la ciudad en busca de oportunidades, habitando espacios que muchas veces no están en condiciones para la vida humana porque no poseen la infraestructura de servicios básicos. Este flujo migratorio interno, agregado a la falta de control del desarrollo urbano, es lo que explica el desorden con que crecen los distintos sectores del Gran Santo Domingo.

En 45 años (de 1970 al 2015), el país pasó de ser eminentemente rural a tener alrededor del 79% de población urbana para el 2015. Esta migración interna se ha concentrado fundamentalmente en la periferia de la ciudad Santo Domingo, sin importar que muchos de estos terrenos no tengan titulo de propiedad porque pertenecen al Estado y que además no tengan infraestructura para los servicios básicos.

Según muestra el “Informe Nacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible” elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), la urbanización acelerada de la ciudad, además de los males que genera por la falta de planificación y el aumento exponencial de la demanda de servicios públicos, ha aumentado la demanda de uso de suelo para fines habitacionales, en desmedro de que tengan competencias para otros usos, incluyendo los suelos de vocación agrícola. Esta situación también ha contribuido a la degradación de la superficie terrestre.

La pérdida de suelos con vocación agrícola disminuye las capacidades para la producción de alimentos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entre 1988 y 2010 el crecimiento de la superficie ocupada por las infraestructuras urbanas representó 1.09% del total de tierra productiva con que cuenta el país. En estos 22 años se ha registrado la pérdida de 549 kilómetros cuadrados de suelo fértil.

Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que para 2030, el 87% de los habitantes de República Dominicana vivirá en las zonas urbanas y que sólo 13% quedará en los campos, lo que complicará el panorama de crecimiento urbano que se vive actualmente.

En su estudio “Inversiones e Infraestructura en América Latina”, CEPAL revela que entre el 2015 y el 2030, el país tendrá un crecimiento en su población urbana de 8.2%.

El exdirector de Ordenamiento Territorial, Franklin Labour, en una entrevista vía telefónica, explicó que el crecimiento de la población no ha ido acorde con un proceso de desarrollo de los servicios en la metrópolis, lo que dijo genera un impacto negativo que se refleja en el caos por la falta de agua, la incapacidad para la recogida de basura, para suministrar energía eléctrica, la ausencia de un sistema de drenaje pluvial, el hacinamiento y la insalubridad, entre otros males.

Labour insiste en que es urgente la aprobación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que hace dos años había sido sancionado en primera lectura por la Cámara de Diputados.

“En el país debe apostarse a la planificación territorial, ya que es la garantía de la sostenibilidad del desarrollo que hemos alcanzado”, asegura el experto.

Sobre la pérdida de terreno fértil para la agricultura, Labour afirma que “el desarrollo inmobiliario no puede ser el responsable del cambio negativo de vocación del uso del suelo” y que un correcto plan de ordenamiento puede regular y controlar esa situación.

Agregó que para esto es necesario contar con las normativas que permitan la acción de las autoridades en la imposición de su cumplimiento y la penalización a las entidades y personas que las incumplan.

Sostenible LAS CONDICIONES ESTÁN. En el territorio están los recursos para el desarrollo sostenible. Las autoridades deben garantizar que este desarrollo urbano sea inclusivo y enfocado en las personas y sus derechos a tener calidad de vida, además de oportunidades para el crecimiento humano.

SIN ESPACIO Las comunidades cuyas viviendas se han levantado sin ningún tipo de planificación adolecen de aceras adecuadas que permita el tránsito seguro de las personas. Muchas veces los automóviles, motocicletas y autobuses circulan por estrechas calles donde las personas se sientan a compartir y las niñas y niños juegan en el riesgo de ser atropellados. Muchos sectores que han crecido de forma desorganizada presentan problemas serios con el tránsito.

SIN CONTROL Las autoridades municipales no tienen ningún control sobre las edificaciones que se realizan. Comunitarios de Santo Domingo Oeste consultados refieren que la única vez en que los inspectores del Ayuntamiento pasan a controlar las edificaciones que se levantan es cuando van a “buscar lo de ellos”. Una panorámica a cualquier barrio de la periferia del Gran Santo Domingo muestra que la Ley 675-44 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones no se cumple.