DERECHOS
Reclamos de pago de pensiones y atención a servicios públicos son frecuentes ante el Defensor del Pueblo
Los reclamos por problemas en los servicios básicos y para el pago de pensiones constituyen los principales casos en los que ha intervenido en su último año de funcionamiento el Defensor del Pueblo, que dirige la doctora Zoila Martínez Guante, ya sea a solicitud de los afectados o por oficio.
En el período comprendido entre mayo del 2017 hasta mayo del 2018 fueron frecuentes los reclamos al Defensor del Pueblo en busca de protección para la solución de problemas en los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, de electricidad, de telecomunicaciones, transporte, y de asistencia social.
Una comunicado de prensa del Defensor del Pueblo indica que en materia de seguridad social, por el tema de las pensiones, representaron el 11.34 por ciento; el 8.13 por ciento en medio ambiente, referente a delitos y crímenes medioambientales, y 6.49 por ciento en el servicio público de agua.
En lo referente al servicio público de agua, las gestiones del Defensor del Pueblo conciernen a reclamos de sectores que no reciben agua del servicio público, por alta tarifa, al igual que del servicio de electricidad. También el Defensor del Pueblo intervino ante reclamo de recogida de basura y pago por expropiación de terrenos.
El total las intervenciones hechas por el Defensor del Pueblo asciende a 529 intervenciones, atendiendo a reclamaciones de los ciudadanos o de oficio, que involucran a la administración pública, ante donde se canalizaron 357 casos, seguidos del sistema de justicia, así como la administración local y los prestadores públicos.
Pero además, el Defensor del Pueblo intervino ante órganos constitucionales, prestador privado y ante particulares.
El Defensor del Pueblo arribó en mayo a sus cinco años de funcionamiento, en cuyo período ha registrado 4,164 casos en reclamo de protección de derechos fundamentales.
El Defensor del Pueblo fue creado mediante la Ley 19-01, promulgada en el 2001, pero comenzó a operar en mayo del 2013, fecha en que fueron designadas sus autoridades, encabezada por la defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, por parte del Senado de la República.