RD: centro de la corrupción mundial
La seguridad empresarial, la buena infraestructura de comunicaciones y el internet fueron algunas de las razones que llevaron a los principales ejecutivos de la firma constructora brasileña Odebrecht a instalar en República Dominicana las oficinas desde donde manejaban el entramado de sobornos con el que lograban obras multimillonarias en al menos 12 países de América Latina y África.
Así lo confesó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, exdirectivo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa, cuando le tocó enfrentar las acusaciones por corrupción ante las autoridades de Brasil.
¿Cómo funcionaba? Desde territorio dominicano coordinaban toda la logística que le permitió crear una sólida estructura a través de la cual se manejaron 788 millones de dólares, incluyendo US$92 millones en sobornos pagados para que le adjudicaran obras en República Dominicana.
La suma pagada en sobornos en el país le permitió obtener ganancias por 163 millones de dólares durante los años 2001 y 2014, según los documentos oficiales divulgados por las autoridades de Brasil.
Fue una decisión tomada por el propietario de la compañía, Marcelo Odebrecht, quien aseguró que la medida, aplicada en octubre de 2014, obedecía, principalmente, a motivos de seguridad.
Mascarenhas Alves indica en un video que se trató de una “decisión de Marcelo por seguridad, principalmente seguridad empresarial. Él relata que tenía preocupación de que esa área estuviera situada en Salvador (Bahía, Brasil). Él se cansaba de decir que desde el inicio esa área debía ser implantada fuera de Brasil, no debía haber hecho nada desde Brasil”.
Para lograrlo tuvieron que emplearse a fondo creando una “sede de división” con dos oficinas que empezaron a operar en octubre de 2014 y desde donde se creaban empresas de carpeta. Estaban ubicadas en un lugar hasta el momento desconocido, debido a que según informó Alves da Silva Filho no fueron instaladas donde opera la empresa.
Las oficinas principales de la compañía brasileña están ubicadas en el sector La Esperilla, en esta Capital, las cuales fueron allanadas tras destaparse el escándalo. De allí se sacaron el 19 de enero de 2017 decenas de cajas repletas de documentos que le permitirían al Ministerio Público tener una pista de cómo funcionaba el esquema de sobornos implementado en el país para granjearse los 17 contratos para construir obras por un monto de cinco mil millones de dólares, desde el inicio de sus operaciones en 2001. El Departamento de sobornos, disfrazado bajo el nombre de oficina de “Operaciones Estructuradas”, era dirigido por los exejecutivos Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, establecidos en Miami, Estados Unidos, quienes viajaban todas las semanas al país para trabajar en las operaciones desde territorio dominicano.
Casos de sobornos Son varias las instituciones mencionadas en el caso, siendo una de las principales la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), por ser artífice en la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, obra que tras estallar el escándalo se convirtió en el principal punto neurálgico para que se desapoderara a la compañía de su construcción.
También están el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Obras Públicas, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), cuyos directivos y exdirectivos fueron llamados por las autoridades. Aunque Odebrecht ha logrado acaparar la atención en República Dominicana por ser el caso más grande registrado en el país en cuando a delitos de corrupción se refiere, también hay otras instituciones que se han visto salpicadas por ese flagelo como lo es el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
Sin embargo, aunque son decenas los involucrados, y miles de millones de pesos los desviados, hasta el mUSomento nadie guarda prisión por esos delitos.