Abogado de Manuel Rivas dice lo mantienen involucrado en asesinato de Yuniol para satisfacer morbo y percepción

El abogado de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Sevicios de Autobuses (OMSA), aseguró la tarde miércoles que la irresponsabilidad del Ministerio Público y de la procuradora Fiscal de la Provincia Santo Domingo, "solo para mantener el morbo y cuidar su percepción", es lo que mantiene a su defendido involucrado en la muerte del catedrático Yuniol Ramírez.

Carlos Salcedo explicó que su defendido cumplió con la ley y con la Dirección de Compras y Contrataciones y que respecto al asesinato de Ramírez, en la misma solicitud de medida de coerción se descarta su participación, pues además de no aportar prueba alguna en su contra, la conducta que le atribuye es irrelevante penalmente.

“Según dicha solicitud, lo que hizo Manuel Rivas fue “contactar” a Eddy Zorrilla para que pagara a Yuniol Ramírez para que retirara la acción de amparo contra la OMSA. Dicho hecho, sin prueba, no tiene sanción penal y lo que revela es que Rivas Medina pudo ser víctima de un chantaje y extorsión”, manifestó Salcedo.

Agregó que es contradictorio e incoherente dicha acusación ya que luego de supuestamente instruir el pago a Yuniol Ramírez para que éste desistiera de su acción, ordenara su muerte si finalmente se realizó un primer pago el cual no salió de los bolsillos de Rivas, además de que el día después del asesinato Ramírez iba a desistir.

Asimismo indicó que otra prueba de que Rivas está detenido arbitrariamente es el hecho de que Argenis Contreras, a través de su abogado Carlos Balcácer lo desliga del asesinato, al afirmar que este fue perpetrado por agentes de la Policía Nacional.

Respecto a los procesos de compra y contrataciones de bienes y servicios, manifestó que durante la gestión de Rivas estos se realizaron conforme a la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, número 543-12 y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), de la Contraloría General de la República, luego de agotados los procedimientos internos de aprobación, control y fiscalización, contrario a lo expuesto en el informe de investigación especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de 10 de abril de 2018.