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PROYECTO

Ministra de la Mujer fijará posición el jueves sobre proyecto que pasa a Procuraduría funciones de esa institución

Debate. Los senadores recibirán a la ministra de la Mujer para debatir el proyecto de Félix Bautista.

Debate. Los senadores recibirán a la ministra de la Mujer para debatir el proyecto de Félix Bautista.

La ministra de la Mujer, Yanet Camilo, acudirá este jueves ante la Comisión de Género y Familia del Senado para exponer su posición sobre el controversial proyecto de ley del senador Félix Bautista, que traspasa a la Procuraduría varias funciones de esa institución y las concentra en el ministerio público.

El punto sobre la competencia en materia de prevención ha sido el más conflictivo del proyecto de ley y ha generado una confrontación entre el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría, pues ambas entidades reclaman tener facultades legales para desarrollar las políticas para prevenir la violencia de género.

El proyecto de ley que propone la creación de un Sistema Integral de Apoyo a la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ha recibido el rechazo de feministas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las mujeres.

La Comisión, que preside la senadora del Partido de la Liberación Dominicana por La Romana, Amarilis Santana, ya escuchó al procurador Jean Alain Rodríguez, el miércoles 18 de abril. Para ese día fue citada la ministra de la Mujer, pero no asistió por encontrarse fuera del país, y envió una delegación, encabezada por la viceministra Sonia Díaz.

Sin embargo, la representante de la ministra de la Mujer tampoco fue escuchada porque el procurador pidió a la presidenta de la comisión que quería exponer su posición sobre el proyecto solo, por lo que se le pidió a la representación del Ministerio de la Mujer que se retirara para ser citada para otro día, lo cual generó la queja de la viceministra.

La ministra de la Mujer informó el pasado viernes, mediante un comunicado, que acudirá al Senado de la República a presentar sus argumentos ante la Comisión de Género y Familia el próximo jueves, para cuando fue citada.

Posiciones institucionales

El jueves, la Procuraduría respaldó el proyecto de ley del senador Bautista, y consideró que es coherente con las atribuciones que la Constitución y la Ley 133-11 le otorgan al ministerio público, de prevenir y perseguir el delito.

Señaló que la ley faculta al ministerio público para dirigir y formular las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad, y que como la violencia de género constituye un delito, es competente para dirigir las estrategias de prevención en esa materia, como le asigna el proyecto de ley.

Señaló que las atribuciones que la ley 86-99 le confiere al Ministerio de la Mujer se limitan a la problemática de igualdad y equidad de género, no a la prevención.

Al otro día, el Ministerio de la Mujer refutó esa posición y afirmó que la ley le da competencia para desarrollar programas de prevención contra la violencia de género.

Esa posición está fundamentada en el artículo 3, numeral F de la ley 86-99, que crea la Secretaría de la Mujer, ahora ministerio, que le manda a “enfrentar la violencia contra la mujer y asegurar un manejo adecuado de esos casos por parte de las instituciones responsables (Policía, ministerio público, hospitales, registros estadísticos y otros), con atención particular a las mujeres rurales jefas de hogar y la que sufren pobreza crítica”.

(+) ASIGNACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LEGALES

El proyecto de ley establece que será responsabilidad de la Procuraduría General de la República definir, impulsar y evaluar de manera sistemática y participativa las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres.

Autoriza a la Procuraduría a crear un Observatorio de Violencia y Discriminación contra la Mujer con la colaboración de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de la Mujer.

El nuevo sistema de apoyo integral queda bajo la dirección de la Procuraduría, como soporte de todas las políticas y programas desarrollados por órganos del Estado, instituciones autónomas, organizaciones sociales y de mujeres.

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