Finjus considera órganos de sistema de control del Estado deben consolidarse

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que es urgente que los poderes públicos tomen conciencia de las agudas debilidades del sistema de control interno y externo de los actos de la Administración pública, lo cual debe llamarle la atención al Estado y a los ciudadanos y hacen un llamado a la consolidación de la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República para que se garanticen la ley, la transparencia y la gobernabilidad democrática.

El organismo se expresó en esos términos, en consecuencias de los últimos acontecimientos en torno al caso OMSA y las controversias que han protagonizado los órganos gubernamentales que rigen los actos de las instituciones estatales.

El rol que juegan las instituciones de control interno y externo es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que de sus actuaciones dependen los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de sus deberes frente a la ciudadanía. Su legitimidad operativa está supeditada al cumplimiento de los principios constitucionales y la esencia del servicio público.

“Sin entrar al fondo del tema penal que envuelve el caso OMSA que está en sede judicial, de su entramado de corrupción a lo interno de una institución del Estado dominicano queremos resaltar que este caso vuelve a colocar en agenda pública dos cuestiones importantes sobre las cuales FINJUS ha insistido consecuentemente: la necesidad de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y; el requerimiento de fortalecimiento de los órganos de control”, dijo el colectivo a través de un comunicado de prensa.

Finjus manifestó que el caso de la OMSA y las controversias originadas entre la Cámara de Cuentas y la Procuraduría, además de revelar las deficiencias institucionales que debe prever el Estado en torno al combate contra la corrupción, se instala en el marco de la urgencia de fortalecer los órganos de control.

Expresaron que en un primer momento, la Contraloría General de la República debió abstenerse de autorizar los pagos de las reparaciones que no se enmarcaban en la Resolución No. 15/08. Así como también, debió vigilar internamente los trámites administrativos y verificar si existía alguna violación a la Ley de Función Pública o alguno de los reglamentos internos del organismo vigilado.

Agregaron que por su parte, la actuación de la Cámara de Cuentas pudo haber circunscrito la fiscalización y verificación inextensa sobre el contenido de los trámites administrativos realizados por la OMSA; la legalidad de las actuaciones y el análisis a profundidad de los criterios de eficiencia, transparencia y economía que pudieron haber sido igualmente inobservados en este caso.

Finjus hizo un llamado para que sean respetados los procesos de los órganos del control, ya que lo contrario pone en riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción, ya que se vuelve a manifestar la desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar las prácticas corruptas dentro del Estado.