Las empresas en las que OMSA gastó RD$145 MM en “procesos de urgencias”

Un total de RD$145,564,199 fueron pagados por la OMSA a nueve empresas mediante los procedimientos de urgencias, según reveló la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Los beneficios señalan a Eddy Santana Zorrilla, el empresario señalado en el tramado de corrupción que dirigía Manuel Rivas.

El documento revela que de esos 145 millones, 57,799,093 pesos fueron adjudicados a las compañías Tech solution E.K.R, SRL y Grupo Martisdom, SRL, que son propiedad del señor Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Yuniol, y de su sobrina Rosary Margarita Hernández Santana, como consta en los certificados de las mismas en el Registro Mercantil.

El resto del monto fue dividido entre las empresas C&S Comercial, CxA, contratado por el monto de 46,213,657 pesos; Lubricantes Diversos SRL (Ludisa), por 18,126,830 pesos; Grupo Eléctrico Herrera J A y SRL, por RD$1,553,470 ; Btj High Tecnology SRL, RD$2,753,058; Ventosa Group SRL, por RD$5,473,772; Elgi-Tex SRL, por RD$6,782,851; Ixpark Business SRL, por RD$6,771,468.

El entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, solicitó las compras de urgencias mediante la resolución no. OMSA-DG-002-2017, el 25 de enero del año pasado, para la adquisición de equipos especiales para dotar el taller central del organismo.

Las empresas participantes para adjudicarse ese proceso de urgencia fueron Last Minute Solutions LMS, SRL; Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A SRL; Tech Solutions y Grupo Martisdom, resultando ganadoras del proceso, las últimas dos.

Las declaraciones de emergencias fueron presentadas en el informe técnico parcial presentado por los señores Nelson Mejía, gerente administrativo; Faustino Rosario, gerente financiero, quien también cumple prisión preventiva por el caso Yuniol, y Regil Herasme, gerente de servicios y mantenimiento.

La contratación oficial de las compañías se realizaron mediante el acta del 23 de febrero del 2017, firmada por los miembros del comité de compras y concentraciones, Pedro Messon, en representación del entonces director, Daniel Ruiz en representación del gerente administrativo, William Hernández, consultor jurídico de la comisión y Rosa María Cruz, responsable del acceso a la información.

La auditoría comenzó luego de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la solicitara a la Cámara de Cuentas cinco días después que se hallara el cadáver de Yuniol Ramírez, quien había denunciado irregularidades en la administración de Rivas.