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EXPERTO EN DERECHO INTERNACIONAL

Joven dominicano es elegido para realizar estudio sobre la legitimidad y legalidad del estatus archipelágico de República Dominicana

Un joven dominicano fue elegido por la División de Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, para realizar un estudio que analizará los problemas relacionados con la declaración de la República Dominicana como estado archipelágico por la Ley 66-07 del 22 de mayo de 2007.

El abogado Ricardo Paredes, experto en derecho internacional y derecho marítimo estará durante tres meses en Nueva York y seis en el Instituto Oceanográfico de Southampton, en el Reino Unido, donde examinará la legitimidad y las razones de la República Dominicana para reclamar la condición de estado archipelágico.

Asimismo, revisará y discutirá la legalidad de dicha declaración en el marco general del derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) en particular.

La relevancia de este proyecto radica en que se necesita resolver la legalidad de la declaración de manera unilateral, para poder avalar su reconocimiento ante la comunidad internacional.

El estatus otorgado al país con la Ley 66-07, ha tenido efectos significativos en los intereses de terceros estados con presencia en el Mar Caribe, como Reino Unido con respecto a las Islas Turcas y Caicos; y de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico.

Como resultado, no solo han traído controversias internacionales, sino también cambios en la legislación dominicana, incluso dentro de la redacción del proyecto del Código Marítimo Dominicano. República Dominicana ratificó en el año 2009, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

El Congreso dominicano aprobó esta legislación antes de que la República Dominicana ratificara la Convención de Derecho del Mar. Debido a los albores de las disputas internacionales sobre la declaración de la República Dominicana como estado archipelágico, es importante hacer un análisis y revisión del estado archipelágico, y determinar si cumplimos legalmente con los requisitos y si el reconocimiento de nuestro país como un estado archipelágico es legítimo según el derecho internacional.