Consideran improcedente discutir reelección

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer improcedente que se discuta en el país sobre la reelección presidencial, tras señalar que la Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones a lo largo de la historia como República. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la Constitución de 2015 establece claramente en su artículo 267 las condiciones necesarias para su eventual reforma.

El Tribunal Constitucional (TC) fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno.

Explicó que el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno. Consideró que es precisamente la no reelección lo más democrático y lo más acorde al contenido del derecho a elegir y a ser electo o a ocupar los cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación, pues se garantiza la posibilidad de que diversos sectores de la ciudadanía tengan la posibilidad de acceder a la esfera gubernamental. “Ninguno de los dos esquemas generan una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco de la igualdad, sino todo lo contrario; se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una garantía importante para la democracia”, apuntó el jurista.

Afirmó que la mayoría de estas modificaciones han respondido al exclusivo interés de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno. Manifestó que no se puede pasar por alto que la Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. “Si nuestro país quiere avanzar con total respeto a la Constitución, no pueden obviarse dos elementos fundamentales: nuestra historia y práctica constitucional y las interpretaciones legalistas ajustadas a intereses políticos determinados”, acotó el jurista.