TRAS DESIGNACIÓN DE 18 DIRECTORES
Educación y ADP en choque frontal por nombramiento directores regionales
Andrés Navarro: No siento temor a amenazas y chantajes
El ministro de Educación, Andrés Navarro, dispuso ayer la designación de los directores de las 18 Direcciones Regionales de Educación y dijo no sentir temor a “amenazas y chantajes”, refiriéndose a las protestas y señalamientos realizados por los gremialistas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en contra de sus medidas. De inmediato la decisión encontró el rechazo de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuyo presidente, Eduardo Hidalgo, dijo que con la medida Navarro le declaró la guerra al gremio.
Por su parte, Navarro afirmó durante una rueda de prensa en la sede de ese ministerio, que está amparado por la Ley General de Educación No. 66-97, en su Artículo 139 del litoral b, para realizar esas designaciones.
Sostuvo que el Estatuto del Docente tiene por objeto “garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad”.
Por tal razones, el funcionario expresó que no negocia las competencias que la ley le otorga.
Según Navarro, los profesionales docentes designados como directores regionales por un período de cinco años, deberán cumplir con los requerimientos de un primer año bajo un estricto monitoreo que, una vez superado, serán confirmados por los restantes cuatro años.
Mientras que los funcionarios docentes que ocupaban los cargos de directores regionales pasarán a desempeñar funciones técnicas educativas a nivel nacional, con todas las prerrogativas y condiciones laborales que garantiza la Carrera Docente.
Los designados fueron Yris Ysabel San Gilbert Ramos, en la Regional 01-Barahona; Doris Veloz Suero, Regional 02-San Juan de la Maguana; Luciano Joel Del Rosario, Regional 03-Azua; Zacarías Portes Santos, Regional 04-San Cristóbal; Bolívar Junior Sosa Soriano, Regional 05-San Pedro de Macorís; Aslini Ernesto Brito Gómez, Regional 06-La Vega, y Mariel Altagracia Santos Mora, Regional 07-San Francisco de Macorís.
Asimismo, José Manuel Fernández Abreu, Regional 08-Santiago; Henry Amaury Rodríguez Bejarán, Regional 09-Mao; Ronald Cristian Santana Caro, Regional 10-Santo Domingo; Adamilca Emelinda Rodríguez Martínez, Regional 11-Puerto Plata; Leónidas Lucas Jiménez, Regional 12-Higüey; Teodora Peña Figueroa, Regional 13-Monte Cristi; Edwin Ramón Tejada García, Regional 14-Nagua; Francisco Antonio de la Cruz Disla, Regional 15-Santo Domingo II; Johanna del Carmen Ramírez Delmonte, Regional 16-Bonao; Jesús Manuel Soriano Alcántara, Regional 17-Monte Plata, y Andris Yuliza Novas Montilla, Regional 18-Baoruco.
Según el Ministerio de Educación, los escogidos fueron evaluados en el proceso competitivo en las áreas como gestión educativa, formación profesional -incluye postgrados-, planificación; elaboración de proyecto, entre otros.
ADP se declara en rebeldía y llama técnicos a no obedecer
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que con la designación de 18 directores regionales, Navarro les declaró la guerra y en ese sentido llamó a los técnicos de Educación a no obedecer a los nuevos funcionarios.
Como inicio de las acciones en repudio a la decisión, la Asociación Nacional de Profesores y Técnicos de la Educación (Amproted) llamó para hoy viernes a un paro de los técnicos de los 105 distritos educativos y las 18 regionales.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, advirtió de su lado que acepta el reto de la guerra con el Ministerio de Educación (Minerd), al tiempo de informar que elevó un recurso por ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que la decisión sea declarada no valida.
“Hay un principio jurídico que dice muy claro, que toda acción fruto de una ilegalidad, es en los hechos ilegal y por lo tanto el magisterio no está obligado a legalizar esta decisión del ministro Navarro, aceptándola en los hechos con la toma de posesión de estos funcionarios”, dijo.
Consideró que Navarro violenta la Ley 66-97, la Constitución de la República, el Estatuto del Docente y su Reglamento, así como otras normativas, como la que tiene que ver con la función pública.
“El señor ministro Andrés Navarro, a todas luces, ha colocado un ingrediente nefasto y desafortunado, que da una estocada mortal a la carrera docente de la República Dominicana”, dijo Hidalgo.
Agregó que la ADP ha estado abierta al diálogo y de hecho hicieron un alto en el plan de movilización para dar tiempo a que el ministro no se sintiera presionado y los convocara, pero la respuesta fue la designación de los 18 directores regionales, escogidos, según dijo, bajo un proceso que no es legal.
Añadió que el plazo que le dio la ADP al Minerd vence el lunes, cuando el comité ejecutivo tiene pautada una reunión para evaluar y pautar las acciones en respuesta a los nombramientos, que consideró una imposición.
“Eso es para que nos vayamos conociendo. Navarro le declaró la guerra al sindicato hoy. Con esa decisión le declara la guerra al magisterio”, agregó Hidalgo.
De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Amproted), Etanislao Castillo Reynoso, llamó a todos los técnicos de las regionales para que no obedezcan a los nuevos funcionarios.
Asimismo, convocó a paro de técnicos de todas las regionales y los distritos y el lunes definen un plan de lucha.
(+) LOS NOMBRAMIENTOS POR CONCURSO Y ADP
La ADP solicitó la intervención del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, con el Minerd, por entender que afecta al sistema educativo dominicano.
“La intervención oportuna del Ministerio de Administración Publica, evitará que la confrontación entre el Minerd y la ADP ponga en peligro la implementación de las políticas públicas en el área educativa, planteada en el Pacto Educativo, en busca de una educación de calidad”, dijo Eduardo Hidalgo.
Destacó que la ADP mantiene la posición de que el sistema de concursos beneficie en todo el sentido para tener una educación pública de calidad, incorporando a las personas idóneas por sus competencias, aptitudes vocacionales, formación y méritos.