Capital extranjero procura controlar la salud privada

Grandes centros de salud privados se están construyendo en el país con capital extranjero, y otros existentes están siendo adquiridos por ese tipo de inversión, convirtiéndose en emporios que hacen competencia desleal a clínicas nacionales y violan leyes dominicanas al contratar médicos no revalidados y otros servidores.

La advertencia fue hecha por dirigentes de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezados por sus presidentes Rafael Mena y Wilson Roa, respectivamente, quienes aseguraron que con frecuencia esos centros traen mano de obra extranjera a trabajar, la dejan por tres meses, y luego la devuelven para traer otro personal más, para no cumplir con lo estipulado en las leyes dominicanas.

El presidente de Andeclip dijo que eso es fruto del sistema neoliberal imperante en el país que ha llevado a privatizar la medicina, creando monopolios, por lo que actualmente son dos o tres redes las que dominan, desplazando a centros de larga tradición en el país.

Eso ha llevado, aseguró, a que se hayan cerrado o estén en condición de cierre por lo menos seis centros de salud privados, debido a que es el control financiero el que decide sobre el sistema de salud, a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Al referirse a la reciente resolución del Ministerio de Salud que tipifica y establece sanciones, en caso de mortalidad materna e infantil evitable, el presidente de Andeclip consideró que medidas adoptadas en el país para presionar a médicos y dueños de centros de salud, en violación a las leyes vigentes, son fruto de la privatización del sector, y recordó que cada consultorio es una microempresa, por lo que cualquiera puede hacerle un daño intencional a una clínica.

Poder financiero

Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, los presidentes de Andeclip y del CMD estuvieron acompañados de los doctores Santos Ramírez, presidente de las Sociedades Médicas Especializadas; Julio Landrón, presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, y Luis Díaz, dirigente de la asociación que agrupa a las clínicas.

Señalaron que la Seguridad Social, controlada por el poder financiero, se ha convertido en una estafa para el ciudadano, porque son las intermediarias las que definen a cuál médico debe ir, qué procedimiento puede tener y qué medicamento se le debe colocar, porque de lo contrario glosan la facturación completa.

Indicaron que aunque por ley se establece que el exequátur es lo que avala al médico para ejercer la medicina, se le dio la facultad a las ARS de ser ellas las que validan a cuál médico contratar, por lo que hoy, cuando el afiliado va a una farmacia o un laboratorio con una indicación médica, no le dan cobertura si ese galeno no pertenece a su red de prestadores.

“Mire, si por casualidad a la secretaria del doctor se le presenta un inconveniente y no puede registrar la consulta del paciente, aunque yo forme parte de su red de prestadores, esa receta no le vale, porque la ARS no la cubre”, dijo Roa al citar las incongruencias del sistema.

Como otro aspecto inexplicable, señaló, que si un paciente llega con una pierna a punto de colapsar y requiere de un cateterismo para restablecer los vasos sanguíneos, le niegan el procedimiento, pero sí le cubren la amputación.

No niegan servicios

En torno a los casos de rebote de pacientes que se denuncian, el doctor Mena aseguró que eso no ocurre en los centros afiliados a Andeclip donde las orientaciones que siempre se dan es la de no dejar morir un paciente por falta de atención.

Dijo que el año pasado se reunió con las autoridades del 911 para que una vez estabilizado el paciente pueda ser referido en caso de no calificar para la atención privada, tras recordar que las clínicas no pueden ofrecer atención gratuita porque tienen que pagar impuestos, servicios, personal, invertir en construcción.

En manos de las ARS

Asimismo el presidente del CMD lamentó que el sector público de salud lo han desintegrado, mientras el privado el gobierno lo deja en manos de grandes emporios, dejando las clínicas privadas acorraladas, debido a que las reglas del juego están en manos de los bancos y del sector financiero, a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas.

“Su único interés es negación de derechos y aumentar fortuna”, señaló Roa, y puso como ejemplo que en el 2016 las ganancias de las ARS fueron de 1,800 millones de pesos, solamente por su papel de mediación.

Como ejemplo señaló que ese año se facturaron seis millones de consultas médicas ofrecidas por los 8,000 médicos que participan en el sistema, por un valor de 2,300 millones de pesos, de los cuales al médico le pagan 300 pesos por consulta, menos el pago de los impuestos, lo que implica que por cada consulta recibe apenas 262 pesos, pagados a 60 y 90 días.

Prótesis

En tanto, en respuesta a la denuncia hecha recientemente por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), de que hay ocasiones en que el médico cambia el material de osteosíntesis aprobado por otro de menor calidad, el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, Julio Landrón, negó la versión y dijo que el interés de todo especialista es que su paciente tenga la mejor recuperación.

Recordó que son las ARS las que deciden qué material comprar, y que, por lo general, no lo hacen mirando calidad, sino precio.

Dijo que los médicos siempre piden que los materiales de osteosíntesis, que es aquel que se utiliza en pacientes traumatizados, sean de calidad certificada, y recordó que el año pasado el sistema invirtió casi mil millones de pesos en ese tipo de insumos.

A su vez, el doctor Díaz aseguró que el sistema de seguridad social imperante solo beneficia al capital financiero y que si se pasa balance a los indicadores de salud, se puede notar que siguen igual que 18 años atrás, antes de iniciar el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Dijo que las ARS agrupadas en ADARS quieren una relación vertical con los prestadores de salud y que por eso están empeñadas en adquirir centros de salud. Agregó que aunque la ley establece 10% de gastos administrativos, el de esas intermediarias es de 14.5% y tienen una rentabilidad de 30% anual.

Propuso que el Gobierno especialice un fondo económico para los pacientes desposeídos que acuden a los centros de salud privados y no tienen cómo cubrir los gastos.