Juez de la Suprema Corte ratifica archivo definitivo de dictamen a favor de José Ramón Peralta
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hiroito Reyes, ratificó el dictamen de la Procuraduría Genera la República que ordenó el archivo definitivo a favor del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, sobre la querella que contra él interpusiese la empresa LADOM por alegado desacato y asociación de malhechores.
El juez tomó la decisión tras acoger las conclusiones presentadas por Peralta, a través de su abogado Julio Cury, quien pedía rechazar la objeción interpuesta en contra del dictamen del Ministerio Público el 9 de agosto del 2017 por la referida empresa.
En la audiencia el jurista planteó al tribunal que tal como concluyó la Procuraduría durante su investigación, los hechos relatados en la querella de LADOM “y que con censurable deportividad se le atribuían al Ministro Administrativo de la Presidencia, no eran, ni por asomo, constitutivos de delito”.
Cury alegó en el tribual que al no configurar infracción alguna, la confirmación del dictamen de archivo era tan justa como inevitable”.
“Un punteo serio y cuidadoso de la conducta alegadamente reprochable con los elementos constitutivos de los tipos penales endilgados, ponía de manifiesto su atipicidad, y al no configurar infracción alguna, la confirmación del dictamen de archivo era tan justa como inevitable”, enfatizó el jurista.
Cury precisó que en el caso de Peralta concurría además la ausencia de su intervención en los hechos, dado que mediante el Decreto No. 569-12, del 11 de septiembre del 2012, el Ministro Administrativo de la Presidencia dejó de integrar la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, órgano al que LADOM le ha reclamado la asignación de un mayor volumen de contingentes arancelarios para la importación de leche en polvo.
Dijo que la verdad opera como ariete de toda “intentona de descrédito”, recordando que a pesar de que LADOM se “obsesionó” con poner en causa al Ministro Administrativo de la Presidencia para que cumpliese con un decreto que escapaba a su ámbito potestativo, múltiples sentencias han establecido que no era ni es la autoridad o funcionario obligado.
“Lo importante es que se ha hecho justicia, que es a lo que la sociedad aspira en cualquier contexto caracterizado por desavenencias personales o intereses en pugna”, apuntó Cury.