Ministro de Energía y Minas lamenta enfrentarse a sectores tras someter proyecto Romero

El Ministro de Energía y Minas (MEM), Antonio Isa Conde, lamentó que por cumplir la ley tenga que enfrentarse a personas queridas como a su propio hermano Narciso Isa Conde, y a los integrantes de la Academia de Ciencias, a quienes dijo tiene en alta estima, al tiempo que invitó a que le demuestren si ha violado la ley en el área de su competencia.

Isa Conde se refirió en esos términos al explicar que habría sido una irresponsabilidad de su parte y una “truchimanería” no someter al Poder Ejecutivo el proyecto de resolución que aprobaría la concesión de explotación al proyecto Romero en San Juan.

Manifestó que el organismo que dirige cumplió su rol reservado en la ley y que sería indigno colocarse al margen de la institucionalidad o entrar “en una zona confort” por temor a las críticas y a los prejuicios de sectores que objetan la decisión sin analizar los fundamentos.

“Yo me he pasado la vida predicando a favor de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes y habría sido una cobardía no pronunciarme sobre un proyecto minero que llenó todos los requisitos previstos en la ley para que la concesión fuera recomendada”, indicó y reiteró todo dependerá ahora del Poder Ejecutivo, de Medio Ambiente y de la comunidad en la que está ubicada la mina.

Aclaró que no entrará en debates sobre la viabilidad ambiental del proyecto Romero, porque eso es un terreno del Ministerio de Medio Ambiente, que determinará a través de estudios de impacto si procede la explotación del yacimiento de metales por parte de la empresa Gold Quest.

Sostuvo que, aun con la aprobación de la propuesta de concesión de parte del Poder Ejecutivo, dicha empresa no podría iniciar la explotación si no cuenta con el permiso ambiental correspondiente y la licencia de parte de parte de la comunidad sobre la base de consultas a sectores representativos, como expresa el artículo 117, Párrafo I, de la Ley 64-00.

Recordó que el MEM solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para aprobar la concesión del proyecto Romero luego de lograr mejores condiciones para el Estado con la firma de una declaración jurada ante notario mediante la cual la empresa Gold Quest se compromete a pagar al Estado un mínimo de 40% de los beneficios de la mina, además de asumir otros compromisos ambientales y económicos.