Sobornos de ODEBRECHT

Mientras esperan la celebración del juicio preliminar, se mantienen en libertad bajo fianza los 14 acusados en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar en la República Dominicana la constructora de Brasil Norberto Odebrecht, para conseguir contratos de obras millonarias en el período 2001-2014. A más tardar febrero del 2018, la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a cargo del expediente, deberá presentar su solicitud de apertura a juicio, con las pruebas que sustentan la acusación, pues en esa fecha vence el plazo de 8 meses que le otorgó el 7 de junio el juez especial que conoció la fase de instrucción, Francisco Ortega, al declarar el caso complejo.

Este expediente constituye un desafío tanto para el poder judicial como para el ministerio público, por los delitos que se imputan, la complejidad del proceso y las vinculaciones políticas y solvencia económica de los imputados. Entre los acusados figuran empresarios, exfuncionarios, tanto en las gestiones del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como legisladores y pasados congresistas.

Están acusados de los delitos de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bienes, para los cuales el Código Penal contempla penas que van desde dos meses hasta 10 años de prisión.

Después de esperar las informaciones desde Brasil, y de la firma de un acuerdo con Odebrecht, la Procuraduría inició los arrestos el 29 de mayo, apresando a 13, ya que uno estaba fuera del país, siendo detenido a su regreso.

Para conocer el caso en instrucción, el presidente de la Suprema, Mariano Germán, designó el 27 de mayo al juez Francisco Ortega, quien después de celebrar varias audiencias, el 7 de junio del 2017 impuso medida de coerción a 13, prisión preventiva para 7, arresto domiciliario para 3, y garantía económica e impedimento de salida a tres. Más tarde, impuso coerción al número 14. El 8 de julio del 2017, la Segunda Sala Penal de la Suprema, actuando como corte de apelación, dispuso la libertad bajo fianza de 6, variando la prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. A otros, el cambio de la prisión la dispuso el juez de instrucción. La PEPCA, que dirige Laura Guerrero Pelletier, había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra todos los implicados.

En septiembre de 2017, fueron liberados los últimos dos que estaban recluidos en Najayo, lo que significa que por ese caso lo máximo que han durado en prisión ha sido tres meses. Esas fueron las únicas resoluciones que apeló el ministerio público, sin éxito.

En julio, al decidir la apelación, la presidenta de la cámara penal de la Suprema, Miriam Germán Brito, afirmó “que hay evidencias de que el ministerio público tiene dificultades para probar la acusación y advirtió de que si no mejora “no tendrán éxito en un posible juicio de fondo”.

El procurador Jean Alain Rodríguez dijo recientemente que tendrá listo en enero un expediente fuerte y exhortó a la justicia a que haga su trabajo.

MEDIDA En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció que fueron adjudicadas a ODEBRECHT, mediante el pago de sobornos, 17 obras. En la instancia, depositada a través de la PEPCA, se indicó que los pagos de sobornos fueron realizados a través del intermediario comercial, Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresas offshore, pertenecientes a Rondón y a la empresa Odebrecht. Entre las obras se incluyen la termoeléctrica de Punta Catalina, el Acueducto de la Línea Noroeste (2002), la hidroeléctrica de Pinalito (2002), hidroeléctrica de Palomino (2005), y el acueducto de Samaná (2005).