Procuraduría investiga denuncia de extorsión a Marlin Martínez

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que investiga la denuncia hecha por el abogado de Marlin Martínez, imputada en el asesinato de la adolescente Emely Peguero, de que habría recibido llamadas telefónicas para extorsionarla, aunque aclaró que eso en nada tiene que ver con el proceso que se le sigue por la muerte de la menor

La Procuraduría emitió un comunicado sobre las indagatorias de "una estructura que, usurpando funciones y calidades de miembros de la institución, se dedica a extorsionar a representantes del Poder Judicial, abogados y a imputados involucrados en delitos penales".

El Ministerio Público no descarta que esa persona que se hace pasar como miembro de la Inspectoría General del Ministerio Público, pertenezca a dicha estructura.

En ese sentido, explicó que en torno a la denuncia del abogado Cándido Simón, de que un supuesto empleado del Ministerio Público habría llamado varias veces a Martínez para que le depositara varios millones de pesos en una cuenta bancaria a cambio de diligenciarle su libertad, la misma es investigada en el marco de las citadas indagatorias que llevan a cabo contra la red criminal.

Al mismo tiempo aclaró que el Ministerio Público está llamado a investigar los hechos que riñen con la ley, y tiene el deber de proteger tanto a las víctimas como a los imputados.

En ese sentido, explicó que en el caso específico de Marlín Martínez, el hecho de que se esté investigando si es víctima o no de extorsión, en nada afecta el proceso de investigación que contra ésta imputada lleva a cabo el Ministerio Público por la muerte de la adolescente Emely Peguero.

La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría, aclaró que si en el transcurso de la investigación que realizan por la muerte de la adolescente determinan la responsabilidad penal de Martínez en este hecho, independientemente de que sea cierta la denuncia de que es víctima de extorsión, procurarán al igual que en los demás casos que ésta vaya a juicio de fondo y que le sea aplicada la máxima sanción que contemplan las leyes por el delito cometido.