7 hijos huérfanos y una comunidad consternada, tras feminicidio-suicidio

Ensangrentadas quedaron las escaleras que conducen al apartamento 204 el edificio 44 del residencial Carmen Renata III, en el distrito municipal de Pantoja, provincia Santo Domingo, donde ayer, aproximadamente a la una de la tarde, un capitán del Ejército de República Dominicana dio muerte a una mujer y luego se suicidó.

El capitán Secundino García, de 53 años, mató a su expareja, la profesora Mirelis Pérez Urbáez, de 38 años, y luego se suicidó,un hecho ocurrido en la vivienda del oficial.

Residentes del residencial aún no salen del asombro, luego de escuchar un disparo y los gritos de “auxilio” de la mujer que huía desesperada dentro del apartamento, al percatarse que había ido al lugar para ser asesinada. Un segundo tiro la alcanzó y le quito la vida. Acto seguido el hombre se suicidó.

Según vecinos, el oficial García era un hombre respetuoso y de trabajo, que nunca había dado señales de violencia, y que no había tenido conflicto en su casa.

“Llama a la Policía, que me voy a dar un tiro”, dijo por teléfono García a su hijo que vive más cerca, previo a cometer el hecho. El militar tenía tres hijos y su víctima cuatro, quienes ahora engrosan la lista de niños en la horfandad. Los hijos del victimario tras la llamada corrieron despavoridos al lugar y encontraron los cadáveres.

En cuanto a Pérez Urbáez, la mujer ultimada, se desempeñaba como profesora en la escuela en el liceo Fe y Alegría de Pantoja.

Los cadáveres fueron retirados por una unidad del 911, aproximadamente a las 4: de la tarde, que luego los trasladó a la morgue del Hospital Marcelino Vélez Santana.

De acuerdo a informaciones de vecinos, durante varios años ambos tuvieron una relación clandestina, puesto que no vivían juntos, no tenían hijos en común, pero hacia tres meses que se habían separado.

“Nunca escuchamos ningún pleito, ella ni siquiera vivía con él, o al menos yo no la había visto” narra una vecina cercana a la tragedia.

Un promedio de 102 mujeres son asesinadas cada año en el país, según cifras de la Procuraduría General de la República, situación que no da señales de cambiar, pese a todos los esfuerzos por combatir este mal.