“La corrupción, principal obstáculo del crecimiento económico del país”

La creación del Tribunal Constitucional es fruto de las aspiraciones y el desarrollo democrático La corrupción, el fraude y el soborno constituyen un problema mundial que pone en peligro los fondos públicos y privados, el ordenamiento jurídico, el desarrollo individual y el bienestar colectivo y obstaculiza los planes sociales de los diferentes gobiernos, tendentes a la reducción de la pobreza, colocando en situación de riesgo la población más vulnerable de los distintos países.

Nuestro país, al igual que toda Latinoamérica, no logra mayores tasas de crecimiento debido a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado; aunque hemos logrado grandes avances en los sectores turístico, agropecuario y tecnológico, logrando un crecimiento que ronda el siete por ciento (7%), tenemos que reconocer que todavía enfrentamos problemas de corrupción, no obstante, los grandes esfuerzos que en los últimos años se ha hecho para combatir ese flagelo. Organismos como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano rector en materia de ética, transparencia y lucha contra la corrupción, al igual que la Dirección General de Contrataciones Públicas, y los demás organismos de control y fiscalización, están implementando diversos proyectos de prevención, y el establecimiento de medidas para estos fines. Sin embargo, combatirla es tarea de todos; es el gran reto que tiene el país, gobierno, políticos, legisladores, sociedad civil, iglesias, y muy especialmente los órganos de control y fiscalización (Control Legislativo, Contraloría, Cámara de Cuentas y el Control Social), a través de sus mecanismos. Debemos empoderarnos en esta lucha, ya que enfrentar temas como la corrupción, la inseguridad y la transparencia requiere de mucho esfuerzo y el auxilio de nuevas tecnologías para combatir esos males.

El soborno y la corrupción son prácticas habituales de nuestra cultura, lo que ha acarreado consecuencias funestas en nuestra sociedad, afectando incluso a la inversión extranjera, lo que unido a los trámites excesivos para iniciar cualquier negocio o inversión en el país, crea las condiciones para que los inversionistas tengan que valerse de intermediarios o la deleznable práctica de pagar sobornos; realmente es algo que se ha convertido no solo en cotidiano, sino en sistémico, por ello es el principal escollo que impide que el país alcance mayores tasas de crecimiento. Estoy convencido de que para acabar o al menos atenuar sus efectos, es imprescindible aunar esfuerzos de todos los actores del sistema de control y fiscalización, nosotros, como órgano superior del mismo, estamos firmemente comprometidos en combatir este mal, no solo con palabras, sino con hechos, por ello, siguiendo los lineamientos de la Intosai, Olaccefs y la Occefs, estamos tomando las sugerencias que dichos organismos hacen.

Podemos afirmar, sin temor a equívocos, que la corrupción en República Dominicana es un problema cultural, que nace del afán desmedido de acumular riquezas y un consumismo desmedido que nos lleva a la adquisición de bienes superfluos, la mayoría de la vez innecesaria; tenemos que cambiar esa mentalidad y fomentar el rescate de nuestros valores, basados, en la moral, honestidad y crear la cultura de la rendición de cuentas, como nos enseñara nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Reconocemos que tenemos un excelente marco jurídico, que nos traza las pautas para apuntalar ese accionar, ya que tenemos leyes como la de Compras y Contrataciones, la de Función Pública, la que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, la de Cámara de Cuentas y la de los municipios. Reconocemos que muchas de ellas requieren de modificaciones para hacerlas más eficaces, pero ello no es obstáculo para no acatarlas; mientras se hacen los ajustes necesarios, debemos aplicarlas y activar los mecanismos de acción en contra de quienes las violen, y sobre todo en la aplicación del régimen de consecuencias, pedimento que ha sido requerido por la ciudadanía en los últimos tiempos.

Este Pleno de la Cámara de Cuentas está empeñado en crear la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, ya que la corrupción, el soborno y el fraude constituyen un problema que pone en peligro los fondos públicos, el orden legal, el desarrollo y el bienestar colectivo; de nuestra parte, nos hemos enfocado en dos aspectos para combatir estos males que hastían y enervan a la población, son ellos, la prevención, en primer término, y la detección temprana y oportuna, ya que el régimen de consecuencias corresponde a otras instancias, sin embargo, prestamos toda nuestra colaboración al órgano encargado de su implementación y seguimiento.

Por las razones expuestas, estamos desarrollando varios programas con el concurso y colaboración de otros organismos de control y fiscalización y con el auxilio de organizaciones internacionales, por ello hemos implementado: “Cuentas Conmigo”, “La Mesa de Control”, “Jóvenes Auditores”, “Repositorio Único y Automatizado de Información Municipal” y “El Ojo Ciudadano”. El primero es un programa destinado a ofrecer nuestra plataforma de servicios para que las autoridades municipales, y entidades que de una forma u otra manejan recursos públicos, actúen dentro del marco de la ley y cometan la menor cantidad de errores posibles en sus informes. El principal propósito es presentarles un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades, haciéndoles una serie de recomendaciones para lograr de dichas autoridades municipales el uso ético, eficiente, eficaz y económico, de los recursos que el Estado pone a su disposición.

También procuramos con el mismo, que los ciudadanos, a través del Control Social, puedan informarse de sus derechos, conocer la realidad de sus municipios y distritos municipales y que se integren de conformidad con la ley a una más justa distribución de los recursos municipales, de conformidad con el presupuesto participativo.

“El Ojo Ciudadano” es una plataforma de denuncias que le permite a los ciudadanos participar, de manera seria y responsable, en la función de control y fiscalización de la Cámara de Cuentas, para asegurar el uso transparente de los recursos públicos, la gestión eficiente y responsable de los funcionarios públicos al administrar recursos, con el objetivo de prevenir prácticas corruptas.

La Mesa de Control: este programa representa una iniciativa única en América Latina y el Caribe de instancia de diálogo abierto y democrático entre las entidades y dependencias afines del sistema de administración financiera y control. A través de ella se pretende plantear, debatir y acordar acciones tendentes a mejorar el desempeño de las finanzas públicas, todo lo cual incluye a las instancias responsables rectoras del sistema de control y fiscalización de los recursos del Estado. Está integrada básicamente por las dependencias que son parte del sistema de administración financiera, tales como: Planificación, Presupuesto, Tesorería, Crédito Público, Contabilidad, Impuestos Internos, Compras y Contrataciones y por las instancias de control interno, como es la Contraloría General de la República, control externo, Cámara de Cuentas y Control Social, a través de representantes de la sociedad civil.

Los logros alcanzados por este programa son: A. El “Repositorio Único y Automatizado de Información Municipal”.

B. “Sistema Integrado de Seguimiento de Auditoría” (SISA).

C. “Comité de Coordinación” entre Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Otro de los programas que estamos impulsando, es el de “Jóvenes Auditores”, consiste en un fortalecimiento de nuestros recursos humanos, que busca atraer jóvenes profesionales con altas calificaciones y hábil manejo de la tecnología, con la finalidad de convertirlos en auditores gubernamentales.

Nuestra institución, en los últimos cinco meses, ha proyectado otra imagen, la cual nos lleva a que la ciudadanía tenga una percepción diferente de lo que es la Cámara y cuál es nuestra meta, que consiste en ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad y aceptación social, en la fiscalización de la gestión de los recursos del Estado, agregando valor a la administración pública, fomentando la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, para lograr ese objetivo, necesitamos de más recursos, ya que la carencia de los mismos es una limitante que nos impide avanzar en el camino; tenemos grandes proyectos en carpeta, y para la implementación de los mismos se necesita dinero, son ellos:

1) Desarrollar las capacidades técnicas de la Cámara.

2) Capacitación de Áreas Sustantivas.

3) La implementación de la Escuela de Cuentas.

4) Fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica.

5) Adquisición de equipos de transporte.

6) Proyecto Edificio Verde.

7) Incrementar los canales entre la Cámara de Cuentas y el Control Social.

8) Rehabilitación de la oficinas regionales.

9) Fortalecimiento, modernización, adquisición de equipos de transporte y dotar del personal necesario a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.

Es indudable que, para poder hacer un trabajo aceptable, esta Cámara de Cuentas necesita mucho más que los 654 millones que recibimos, no solo por los compromisos que tenemos, sino por los proyectos que pensamos implementar para el próximo año.

Entre nuestros objetivos, están: fomentar la Buena Gobernanza, promover la aplicación de estándares y buenas prácticas internacionales en la fiscalización superior, impulsar las auditorías ambientales tecnológicas de gestión, forenses y de cumplimiento regional y promover la integración y el fortalecimiento de la entidades de fiscalización superior de la región del Caribe y Centroamérica, a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas relacionadas con la fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada una en sus respectivos países.

Nosotros, como Cámara de Cuentas, tenemos que auditar 7,288 instituciones, 810 del Gobierno central, 385 municipios y distritos municipales, 1,007 organizaciones no gubernamentales (ONG), 39 instituciones autónomas o descentralizadas, y 17 instituciones de la Seguridad Social (próximamente nos proponemos auditar los consulados y embajadas).

Sabemos que tenemos un gran reto por delante y muchos obstáculos que superar y quizás no lleguemos a la meta que nos hemos propuesto, pero sí les aseguro, que hoy estamos más cerca de ella de lo que estábamos ayer.

Muchas gracias