La negación a lo increíble

La sala de audiencias es el silencio que antecede a un portazo. Fría, tranquila, expectante. Y los acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht hechos sobriedad y ansiedad, en pie, por tres minutos y 14 segundos, el tiempo que le tomó a la secretaria leerles su futuro inmediato.

Ángel Rondón un año de prisión preventiva en La Victoria. Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, nueve meses en Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria. Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, carantía económica de 5 millones e impedimento de salida.

La negación a lo increíble de Temistocles Montás, ministro de Industria y Comercio, miembro del comité político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comenzó ahí. Negando con su cabeza, aporrado por la sorpresa. Arrestado, procesado y enviado a prisión preventiva en una gestión de gobierno del partido que ayudó a construir de la nada.

Su carga a la prisión y el de los demás acusados es el segundo paso de un histórico proceso contra la corrupción administrativa en República Dominicana. La respuesta al movimiento ciudadano que por meses ha llenado las calles de las tres regiones del país, ataviados de verde y con consignas de que paguen en las cárceles del país todos los que tomaron sobornos de la constructora brasileña.

Todo comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses con la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional. El primer capítulo lo escribió la Procuraduría, que firmó un acuerdo de cooperación con la compañía que ha permitido acceder a delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.

“El hombre del maletín” El resultado del acuerdo fue un expediente contra 14 personas, prominentes figuras políticas y empresariales, que fueron arrestadas el lunes 29 de mayo, y presentados ante audiencia de medidas de coerción en tres ocasiones, previas a la decisión anunciada ayer.

El fallo del juez Francisco Ortega, con designación especial de la Suprema Corte de Justicia, tumbó los pronósticos de las gradas periodísticas en la segunda sala penal de la corte, que esperaba envíos a casa en una parte de los acusados de recibir sobornos.

Cuando el mallete de Ortega tronó, y el personal de la sala se puso de pie, se vio la fortaleza en el rostro de Víctor Díaz Rúa, secretario de finanzas del PLD, y de Rondón, la pieza que unifica a todos los acusados según el ministerio público, por ser, supuestamente, “el hombre del maletín”, quien repartía el dinero y gestionaba las asignaciones de obras y aprobaciones en las cámaras legislativas.

Él dejó la frase de la tarde, la que probablemente alimente los próximos meses de espera hasta la presentación de acusación por el ministerio público: “Ahora es que empieza el pleito”. A petición del ministerio público, Rondón fue enviado, solo, al penal de La Victoria, uno de los centros de reclusión con mayores niveles de hacinamiento del país, pero también una de los que concentra los más fuertes niveles de corrupción y comodidad ante los presos adinerados.

Sus traslados a prisión, excluidos aquí los legisladores, comienzan hoy. Y con esas carreras se desata el cronometro para los 20 días de plazo para las apelaciones, y para los ocho meses que en lo adelante tendrá la Procuraduría para terminar de armar sus investigaciones y presentar las acusaciones contra un ministro, tres legisladores y diez personas que han sido funcionarios públicos y empresarios de poder.

(+) LA MARCHA DEL PROCESO La primera gran fase del caso Odebrecht está consumada. Necesitó de una audiencia recesada en tres ocasiones y de un operativo de seguridad que pasaba la docena de camionetas de la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), incluida una ambulancia y cinco unidades motorizadas de “los lince”.

Ahora el proceso debe ser conocido en fase preliminar, que sería conocido por otro juez especial de la Suprema Corte de Justicia, que no puede ser el magistrado Francisco Ortega Polanco, que ya conoció las medidas de coerción.

En esa fase preliminar se determina si hay evidencias suficientes para ser enviados a juicio de fondo, que estaría a cargo de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. En este momento es donde ya podrían ser condenados o dejados en libertad.

Pendiente queda Bernardo Castellano Moya, que se encuentra en Panamá y para quien se solicitó orden de captura. Este acusado ha anunciado que vendrá al país a hacerle frente al caso del que se le acusa. Cuano llegue al país comenzará su proceso con su apresamiento y el conocimiento de la medida de coerción.